Los líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional –que están imputados por unos hechos violentos que ocurrieron en abril pasado en el Atanasio Girardot– podrán enfrentar el resto del proceso en libertad. Sin embargo, el juez determinó que deben estar lejos del escenario deportivo mientras avanza la investigación.
La medida aplicó para los imputados Raúl Eduardo Martínez, Ramiro Andrés Gutiérrez, Andrés Felipe Muñoz y Andrés Felipe Ospina. El juez 40 constitucional determinó que estos hinchas podrán estar libres mientras avanza el caso que los investiga por el delito instigación a delinquir.
Pese a la libertad, los líderes barristas no podrán volver a ingresar a los estadios de Colombia, tampoco podrán salir del país y se les prohibió el acercamiento a los demás miembros de la barra. Tampoco podrán acceder a las redes sociales de Los del Sur. Todo esto, al menos, mientras se desarrolla el caso.
El 16 de abril pasado, y antes de un partido contra el América de Cali, algunos hinchas de la tribuna sur se enfrentaron con la Policía. El saldo fue de 80 personas lesionadas, entre ellas 20 uniformados y 12 trabajadores de la logística.
La trifulca, entonces, parecía cantada. Los del Sur habían publicado un comunicado en el que anunciaban el rompimiento de las relaciones con la dirigencia del club Atlético Nacional.
Por estos hechos, la Fiscalía Seccional de Medellín le pidió al juez que cobijara a los líderes barristas con una medida de aseguramiento. La fiscal Yiry Milena Amado Sánchez señaló que, además de las lesiones, ese día se registraron pérdidas materiales que alcanzaron los 670 millones de pesos.
“No se observan elementos que permitan establecer un posible riesgo de fuga, con lo cual se considera que el proceso se puede adelantar con ellos en libertad”, argumentó el juez. Sin embargo, la Fiscalía decidió apelar la decisión.
De acuerdo con lo que ha expuesto la Fiscalía, se logró establecer que, los señalados, aunque no participaron directamente de los desmanes, sí instigaron a los miembros de la barra para “amenazar, lesionar, ejercer violencia contra servidor público y realizar daños en bien ajeno agravado”.
La pelota judicial ahora caerá en terreno de un juez de segunda instancia. Será él quien determine si los imputados continúan con la medida adoptada o si acoge los argumentos de la Fiscalía y toma la decisión de aplicar medidas de aseguramiento.
