William Dau Chamatt fue sancionado por la Procuraduría por “usar expresiones indecorosas contra servidores públicos y particulares”. Pidió al Ministerio Público perseguir casos de corrupción.
El exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt –quien estuvo al frente de la capital de Bolívar entre 2020 y 2023–, se refirió este lunes a la más reciente sanción de la Procuraduría General, que lo suspendió e inhabilitó por 10 meses por expresiones “grotescas y calumniosas” contra servidores públicos y particulares.
Según el exmandatario, se trata de una sanción “por ‘mal hablado’”; sin embargo, instó al Ministerio Público a perseguir y controlar a quienes, más allá de su vocabulario, se dedican a robar el erario público e incurrir en hechos de corrupción.
“Esta sanción que me han impuesto, por lo que leí, es por ser ‘mal hablado’, pero eso es lo de menos. Ojalá la Procuraduría se dedicara a perseguir a los corruptos que realmente se están robando el dinero de los cartageneros, en lugar de enfocarse en quien dice una mala palabra”, manifestó Dau en declaraciones que recoge el diario El Universal.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó a Dau tras evidenciar que, a través de redes sociales, un canal digital y medios de comunicación, como alcalde se refirió a funcionarios y ciudadanos en términos desobligantes e irrespetuosos.
Además, incluyó a algunos de ellos en un listado de personas a quienes señaló de hacer parte del cartel de la prescripción del impuesto predial unificado en la Secretaría Distrital de Hacienda de Cartagena.
“Sus declaraciones contra otros servidores públicos gozaban de una importante acogida y relevancia social, y, sus expresiones y comportamientos podían resultar acogidos por el imaginario público como un modelo de conducta”, reclamó el ente de control, que calificó las faltas del exmandatario como graves a título de dolo, al considerar que “conocía que las palabras usadas estaban provistas de una intención irrespetuosa, ofensiva e hiriente”.
Para el Ministerio Público, con su actuar Dau desconoció su deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quienes tenía relación por razón del servicio que cumplía.
Teniendo en cuenta que ya salió del cargo, la Procuraduría determinó que la sanción contra el exalcalde se convirtió en salarios de acuerdo con lo devengado por el exservidor público al momento de los hechos.
En abril de 2024, la Procuraduría confirmó otra sanción –suspensión e inhabilidad de cuatro meses– contra Dau por referirse también en términos irrespetuosos y desobligantes contra los directivos de la Universidad de Cartagena. Lo anterior, en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir al contralor distrital de la ciudad.
En ese entonces, el alcalde dijo que la universidad era una institución “plagada de corrupción” y que “siempre ha sido un nido de ratas”. Luego, en su cuenta en Facebook publicó un video en el que los llamó “malandrines”.
Sin embargo, la sanción más fuerte contra Dau por parte de la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello se registró en julio del año pasado, cuando fue destituido e inhabilitado durante nueve años por cuenta de presuntas irregularidades en la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19.
Dau fue inhabilitado luego de que la Procuraduría determinó que durante su administración se seleccionó a la empresa Ventas, Distribución y Marketing sin que tuviera la capacidad para suministrar los kits de pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19, teniendo en cuenta que no contaba con la disponibilidad de pruebas requeridas.
Este hecho ocasionó que la Alcaldía declarara el incumplimiento del contrato, que tenía un presupuesto de $725 millones. Por este asunto también fue sancionado el exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Álvaro José Fortich.
Para el Ministerio Público, la falta de idoneidad del contratista “ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia, que eran la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno que permitiera a las autoridades en salud una respuesta inmediata a la crisis de salud pública y social generada para el coronavirus”.
Frente a ello, este mismo lunes Dau reclamó que en el pronunciamiento del Ministerio Público se da a entender “que yo me robé esos $730 millones, pero no dijeron lo más importante: ese contrato nunca se pagó. No solo no se entregó ni un solo peso, sino que yo le cobré al contratista el 10% de cláusula penal, lo que significó que el Distrito recibió $73 millones. Pero ellos, convenientemente, omitieron esa parte”.
