Con pruebas, fotografías y testimonios, y a través de un documento de 109 páginas, la Procuraduría General de la Nación le envió un duro concepto a la Jurisdicción Especial para la Paz en el que le pide a la extinta guerrilla de las Farc que reconozca que dentro de sus filas se produjeron crimenes de guerra y de lesa humanidad como violaciones y abortos forzados a guerrilleras y civiles.
En esa misma misiva -en poder de EL COLOMBIANO- el ministerio público también detalló crímenes como el caso en el que tres mujeres Emberá de una misma familia fueron víctimas de violencia sexual acusadas de ser colaboradoras del Ejército”. En ese evento, ocurrido en 2002, las mujeres se negaron a dar información sobre un familiar que buscan para asesinar y fueron desnudadas y violadas mientras se observaban mutuamente. Una vez llegó el hombre, fue asesinado en frente de ambas sin que pudieran hacer nada para detenerlos
Aún con esas revelaciones, la Procuraduría aseguró que fue “mínima” la información entregada a la JEP por los 11 comparecientes del macrocaso 05 –relacionado con la situación territorial de Urabá– y le advirtió a la Jurisdicción que debería profundizar más en los casos de tortura y de violencias de género, pues según esa entidad, dentro del actuar criminal de las Farc se evidenciaron “algunos actos de violencia dirigidos exclusivamente a las mujeres”.
Así se manejaban abortos
Además de asegurar que la práctica de abortos fue recurrente, aunque fueran voluntarios u obligatorios, el ministerio público también citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada en 2006, en la que esa autoridad internacional falló para dejar en firme que, en ciertas situaciones específicas, los accesos carnales violentos y las violaciones a los derechos reproductivos podrían considerarse como “tortura”.
Un delito que, de ser aceptado por el tribunal especial, tendría que ser reconocido por ese grupo de comparecientes en un fase posterior de imputación de cargos.
En todo caso, la Procuraduría reconoció que la práctica de violaciones dentro y fuera de las filas no llegó a ser recurrente porque, en cualquiera de los casos, la pena para el guerrillero culpable era la muerte.
De igual modo, las pruebas entregadas dan cuenta de que los pasos a seguir en caso de un embarazo dependían de cada comandante y que, en la mayoría de los casos, no hubo una directriz clara sobre si se debía obligar a abortar o no.
En contraste, las exguerrilleras de las Farc sí reconocieron la práctica de planificar, con pastillas e inyecciones, como una orden que venía desde los altos mandos y que debía ser obedecía para evitar embarazos, los cuales sí eran abiertamente rechazados por la guerrillerada.
Dentro de los detalles, hasta ahora inéditos, uno de los comandantes del batallón 5 reconoció que hubo una época, entre 1990 y 1994, en la que si una guerrilla resultaba en embarazo le daban la salida y podía quedarse en la casa. Más tarde, entre el 95 y el 96, salió una decisión que las mujeres ya no se quedaban en la casa, y que se debía sancionar a los padres con castigos mientras el frente asumía la responsabilidad económica del niño. Pero al final, en las épocas más recientes de la guerrilla, “por decisión de un Pleno era obligatorio la planificación y era prohibido tener hijos en la organización”. De ahí devenía la interrupción de los embarazos.
Por ahora, está en manos de la JEP decidir cuáles de esas consideraciones acepta, y cuáles no, para informárselas a esos 11 comparecientes del macrocaso 05 directamente implicados. Así las cosas, el concepto del ministerio público podría cambiar el rumbo del caso dependiendo de las decisiones que tomen la JEP y los excombatientes. En el caso secuestro, un concepto similar puso en jaque los avances de las Farc ante la negativa del secretariado para aceptar el delito de esclavitud del que la Procuraduría está segura que cometió.
En todo caso, la Jurisdicción también deberá evaluar apartados del documento de la Procuraduría que exigen un reconocimiento público sobre el reclutamiento forzado de menores como una práctica sistemática y el financiamiento directo de ese frente 5 de las Farc, que operaba en Urabá, mediante el narcotráfico de terceros.
Claves:
1. El concepto de Procuraduría es específicamente sobre el macrocaso 05: afectaciones a Urabá.
2. Ese documento dice que Farc se financió a partir de cobros por pasar droga territorios que tenía dominados.
3. Reclutamiento a menores era sistemático y la orden venía desde arriba. 30% de las filas debían ser mujeres.
