Fueron por lo menos nueve horas en las cuales se escucharon testimonios de exmilitares comparencientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la audiencia de aporte de verdad plena y reconocimiento de responsabilidad que tuvo lugar este miércoles 2 de abril en el Museo Casa de la Memoria de Medellín y que trató sobre casos de falsos positivos cometidos en el Oriente antioqueño.
Los comparecientes son exintegrantes de la fuerza pública declarados como no máximos responsables en la comisión de estos crímenes: asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate, algunos de ellos menores de edad. En concreto, en esta audiencia, presidida por el magistrado Carlos Alberto Suárez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, son 25 comparecientes los que harán aportes a la verdad y reconocerán responsabilidad por cinco de estos hechos, ocurridos entre junio de 2002 y septiembre de 2003, en San Luis y Granada, Oriente de Antioquia.
En esos cinco hechos se cometieron los asesinatos de seis personas, dos de ellas menores de edad, que luego fueron presentadas como supuestas bajas en combate, tal como lo testificaron los comparecientes que hablaron este miércoles, quienes pertenecieron al Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes) y al Batallón de Ingenieros No. 4 ‘Pedro Nel Ospina’ (Biosp), adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
Las versiones escuchadas fueron las de los comparecientes Darwin Alejandro Echavarría, Francisco Vanegas, César Daza y Herlindo Bravo Restrepo, considerados no máximos responsables en este proceso de justicia transicional restaurativa, lo que quiere decir que aunque participaron en los hechos, “no tuvieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha del plan criminal ni en la definición y ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP”.
Uno de los casos en los que se centró esta audiencia fue el de una menor de edad llamada Luz Stelly Arias, asesinada en 2003 y presentada como una falsa baja en combate.
¿Qué dijeron los comparecientes sobre el asesinato de la menor de edad Luz Stelly?
En primer lugar, en la audiencia hablaron sobre el caso de la adolescente Luz Stelly Morales Arias, quien vivía en la vereda El Morro, ubicada en el municipio de Granada. Allí, según lo revelado en la diligencia, el 18 de septiembre de 2003, la menor de edad fue retenida por integrantes del Bajes (Batallón de Artillería No. 4), cuyos integrantes engañaron a la familia diciéndole que iban a entregar a la adolescente al Icbf de quien dijeron que tenían información de que era una supuesta guerrillera.
Pero la menor de edad nunca fue entregada al Icbf ni la protegieron. Por el contrario, su cuerpo sin vida fue entregado días después en la Inspección de la Policía del vecino municipio San Carlos, donde informaron que la niña había fallecido en un supuesto combate. “La niña me ayudaba en la casa, madrugaba a hacer el desayuno, a hacer arepas, después se iba a hacer labores del campo. Era muy buena niña, le gustaba la música vallenata”, dijo Ana Leonilde Arias, la madre de Luz Stelly en la audiencia pública.
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Sobre este hecho aportaron a la verdad los cuatro exmilitares mencionados, quienes dieron detalles escabrosos de los crímenes. Daza, quien en el momento de los hechos, en 2003, era suboficial del Ejército de grado cabo tercero, contó que la situación era muy compleja en el Ejército por la situación de orden público en esa zona del Oriente antioqueño, pero también porque la institución buscaba “resultados a como fuera”.
“Las presiones para dar bajas venían del comandante del batallón, quien, al igual, era presionado por el comandante de brigada. Es una cadena de mando que llega hasta la parte alta del poder del Estado. Nos calificaban o medían de acuerdo a los resultados que tuviéramos”, manifestó Daza, quien reconoció que el secuestro, la desaparición y el asesinato de la niña Luz Stelly ocurrieron en el marco de la operación ‘Marcial’.
El exmilitar contó que hacía parte del grupo Atacador 1, que no presentaba resultados operacionales, por lo cual la operación era alta. Narró después que el 18 de septiembre de 2003 llegaron a la casa de Luz Stelly, que estaba con su mamá y con sus hermanas: “Yo la señalé de guerrillera (a Luz Stelly). Le dije que se fuera conmigo a verificar porque otra persona la señalaba de guerrillera y que, si no era ella, se devolvía para la casa”.
En un principio, la menor de edad no quiso irse con ellos, pero aceptó hacerlo después en compañía de una de sus hermanas, según el relato de Daza, quien dijo que en determinado lugar una desmovilizada señaló a la adolescente como supuesta integrante de un grupo insurgente. “El teniente Toro me dijo que en el batallón nos estaban azarando porque no estábamos dando bajas. Yo le dije: ‘¿qué hacemos?, si por aquí no hay nadie’. Y me dijo: ‘Ahí está la baja, la muchacha que trajo’”, agregó el compareciente, quien continuó diciendo que posteriormente engañaron a la hermana de la menor de edad diciéndole que había escapado.
“A Luz Stelly la llevamos a otro sector llamado La Linda con la excusa de que necesitábamos que informara sobre otros integrantes de grupos armados, pero ya teníamos planeada la ejecución de la orden”, reconoció Daza, quien dijo que la asesinaron con fusil.
El compareciente dijo que después del asesinato, que fue hacia las 6:00 p.m., alteraron la escena para hacer pasar a la menor de edad como combatiente: “Se le puso un revólver, un bolsito con un cordón detonante, una mecha lenta, unos estopines y un sombrero militar. Se disfrazó”. Expresó que el revólver podría ser uno que encontraron en un registro a un grupo guerrillero y que nunca reportaron. Sostuvo además que el cuerpo de la menor de edad amaneció en el lugar, donde ellos mismos hicieron el acta de levantamiento al otro día.
Daza agregó que, aunque sabían cuál era la identidad de Luz Stelly y su edad, transportaron su cuerpo en mula y lo entregaron a otro grupo de soldados, quienes luego lo llevaron a las autoridades y lo reportaron como una guerrillera muerta en combate. “Debí protegerla, no apagarle su vida. Mi garantía de no repetición es mi sincero arrepentimiento. Estos hechos nunca se me han borrado de la mente, por el dolor que causé a su familia”, reconoció Daza, quien se comprometió a ayudar en la búsqueda del cuerpo de la adolescente.
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El segundo en testificar sobre este caso fue Francisco Javier Vanegas, quien fue el que disparó a la menor de edad luego de que el teniente Daza se lo ordenara. Contó que Luz Stelly estuvo con ellos en un registro, con el pretexto de que ella iba a reconocer a una persona de un grupo insurgente. Dijo que el cabo Daza ordenó que se metieran a un bosque, el lugar donde debía ejecutar a la menor de edad.
“Ya estaba anocheciendo, estaba casi oscuro y yo le disparé a Luz Stelly (...) estaba parada cuando yo le disparé a unos 20 metros”, relató y dijo que lo hizo con su arma de dotación, un fusil: “Yo disparé hasta que ella cayó, no más cayó, yo dejé de disparar”. También coincidió con Daza en que al día siguiente le pusieron al cuerpo la tula con algunos elementos militares. Anotó además que todos los exmilitares acordaron la versión que darían sobre estos hechos.
Por su lado, Herlindo Antonio Bravo, quien tenía el cargo de soldado profesional para la época del hecho, relató hechos que coincidieron con los mencionados por sus dos excompañeros. Pero luego reconoció que tras asesinar a la menor de edad fue él quien entregó el arma que se implantó a la víctima, la cual reconoció que él se quedó con el revólver tras encontrarlo en un registro en labores, pero que nunca lo reportó.
Bravo también dijo que le consta, porque lo vio, que el cuerpo de Luz Stelly lo subieron a una volqueta y se lo llevaron hacia San Carlos, por lo cual cree que en ese municipio podrían estar los restos óseos que aún no han sido entregados a la familia, porque no han aparecido.
El último en aportar a la verdad fue Darwin Alejandro Echavarría, quien según la JEP participó en el montaje de evidencia que inculpaba falsamente a la Lus Stelly, sobre quien dijo que conversó con ella un tiempo, de forma fortuita, y que en ese entonces se desempeñaba como soldado profesional.
Dijo también que escuchó cuando sus superiores estaban preparando el homicidio de la menor de edad y que fue por unos guantes para ponerle el arma al cuerpo. “Eran como las 5:00 p.m., yo iba hablando con ella”, describió, para luego decir que estaban conversando en un punto cuando Vanegas le disparó.
“Yo le pedí el arma a Antonio (Bravo), me puse los guantes, se la puse en la mano, la disparé con la mano de ella”, anotó el exmilitar sobre el momento del montaje de la escena para que pareciera que fue una muerte en combate. Coincidió en que se hicieron disparos al aire durante la simulación del hecho y que al otro día, en la mañana, varios soldados rodearon el cuerpo, le tomaron fotos y sacaron el cuerpo en unos caballos. Finalmente, Echavarría sostuvo que los crímenes en los que participó le causaron problemas de salud mental.
Este fue solo uno de los hechos por los cuales los comparecientes aportaron verdad y reconocieron responsabilidad. De acuerdo con la JEP, de esta forma podrán resolver su situación jurídica de forma definitiva: no se les impondrá una sanción, pero deberán responder a los derechos de las víctimas y cumplir requisitos como contar la verdad plena, reconocer la responsabilidad de los hechos en los que hayan participado y contribuir con acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades.
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