Denunciantes reclamaron que no solo enfrentan casos de abuso, sino también de silencio institucional e incluso, olvido. Señalaron que el protocolo, “sin poder real, se convierte en letra muerta”.
Pasados dos años del protocolo que se ideó en el Congreso de la República para prevenir y brindar orientación institucional frente a conductas de violencia sexual que podrían suceder en el ámbito laboral y contractual en el Capitolio, este miércoles víctimas reclamaron que las denuncias no avanzan y que los casos parecen estar condenados al olvido.
Se trata de cinco funcionarias de diferentes oficinas de Parlamentarios, entre ellas abogadas y comunicadoras sociales, quienes decidieron “romper el silencio” y presentar una denuncia pública “como un acto de sororidad en respuesta a la inoperancia del protocolo y la falta de claridad en su aplicación”.
Justo este miércoles, en algunos de los espejos de los baños del Capitolio aparecieron mensajes en los que se llama la atención por la impunidad e incluso, se advierte que a algunos de los presuntos acosadores les renovaron los contratos. “Rompimos el silencio y nada pasó”, “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato” o “Los que protegen al jefe me acosan a mí”.
Según las denunciantes, la ruta de atención gestada por las mesas directivas del Senado y la Cámara, de la mano de la Comisión para la Equidad de la Mujer, “se ha convertido en letra muerta”. En esa línea, señalaron que hasta julio de 2023 se reportaron nueve denuncias de agresiones (siete mujeres y dos hombres), y en 2024 se registró un caso.
Para ejemplificar las aparentes fallas, las denunciantes mostraron el caso de una contratista identificada como Tania Acero que, si bien denunció a su presunto agresor –otro contratista a quien incluso le habrían renovado el contrato–, se vio obligada a renunciar por la presión psicológica de seguir compartiendo entorno laboral con este.
“La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024 solo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito”, explicó Acero.
Si bien el protocolo establece una ruta de atención con pasos que incluyen reconocimiento del hecho, contacto con los canales de denuncia, activación de una ruta de orientación psicológica y legal, y garantías de protección para la víctima, se denunciaron fallas estructurales como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas.
Además, de acuerdo con las denunciantes, el protocolo no define con claridad las competencias institucionales y las capacitaciones en violencia de género no son obligatorias ni evaluadas, y no cuentan con indicadores ni herramientas para medir su impacto o la reincidencia de casos.
“La falta de voluntad para acoger los aportes de organizaciones feministas fue tan evidente que estas organizaciones pidieron retirar sus nombres de la autoría del protocolo, pues el documento, lejos de proteger, perpetúa la desprotección y la impunidad dentro del Congreso”, advirtieron.
Aunque las denunciantes buscaron respuestas a través de un derecho de petición elevado a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora Lorena Ríos, reclamaron que las respuestas “contienen información de cifras superficiales y carentes de soluciones concretas por parte de las instancias encargadas de la atención a las mujeres en el Congreso”.
Entre otras, las respuestas oficiales destacan que el Congreso ha realizado “27 jornadas de sensibilización en el Senado y 15 en la Cámara”, con un total de 844 asistentes, además de campañas institucionales con carteles, stickers y códigos QR con el protocolo.
“Sin embargo, no existen mecanismos que midan el impacto real de estas acciones. No hay evidencia de que las capacitaciones hayan cambiado la cultura institucional ni de que los congresistas, como empleadores directos, hayan sido capacitados, lo que perpetúa el miedo a denunciar por posibles represalias”, agregaron.
Las denunciantes concluyeron que “el Congreso sigue siendo un espacio profundamente patriarcal y que las estructuras de poder continúan protegiendo a los agresores”, insistiendo en que no hay garantías y la impunidad persiste por la falta de voluntad política.
“Esto refuerza la idea de que la política sigue siendo un entorno hostil para las mujeres, no solo para quienes aspiran a cargos de elección popular, sino también para quienes trabajamos en su entorno. Lamentablemente, las víctimas enfrentan el abuso, luego el silencio institucional, y finalmente el olvido. Este protocolo, sin poder real, se convierte en letra muerta”, precisaron.
