La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, por su presunta implicación en actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGDR).
La investigación también ha sido ampliada para incluir al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a varios congresistas: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Astrith Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Germán Rogelio Rozo.
Se les vincula a una posible estrategia corrupta que habría facilitado la entrega de contratos a cambio de votos favorables en proyectos de ley y reformas gubernamentales.
La Procuraduría examinará la participación de estos funcionarios en la entrega de contratos mediante recursos de la UNGDR y buscará determinar la responsabilidad individual, si las conductas constituyen faltas disciplinarias y si se aplican causales de exclusión de responsabilidad.
Además, se vinculó a la exconsejera Presidencial Sandra Liliana Ortiz en una indagación separada sobre la recepción de dinero relacionado con un contrato para la compra de carrotanques.
A mediados de junio, la Fiscalía General de la Nación ya había compulsado copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el fin de investigar la posible implicación de estos nueve congresistas en los hechos de corrupción al interior de la UNGRD. Decisión que apunta hacia la presunta participación de los legisladores en los actos ilícitos.
La Fiscalía investiga a Olmedo López y a Sneyder Pinilla por contratos que superan los $228.844 millones, que se habrían distribuido en una presunta trama de corrupción que permeó al congreso y varios entes del gobierno.
