La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Se indaga por reuniones en las que se habrían tomado decisiones para la asignación de contratos a cambio de favores políticos.
Por cuenta del supuesto cónclave que dio a conocer el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, en el que altos funcionarios del Gobierno le habrían ordenado amañar y otorgar contrataciones a dedo a legisladores de diferentes regiones, este viernes se conoció que la Corte Suprema de Justicia llamará a rendir declaración a varios funcionarios.
La determinación fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, en cabeza del investigador del caso, el magistrado Misael Rodríguez, y busca recolectar información sobre las supuestas reuniones en noviembre de 2023 en la oficina de López.
Las citaciones incluyen al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, así como a los actuales ministros Diego Guevara (Hacienda), Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud).
Al parecer, los llamados a declarar fueron solicitados por los propios congresistas que hoy son investigados por el supuesto cónclave.
Según denunció Olmedo López ante la Corte Suprema, Olmedo López, en Palacio de Nariño –en reuniones el 27 de noviembre de 2023 y luego otra el 15 de diciembre– se gestó un supuesto “cónclave” desde donde se habrían orquestado los actos corruptos para ordenar comprar congresistas.
En su momento, el exministro Bonilla aseguró que no hubo “ningún acto indebido, no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado (sic)”. En esa línea, reclamó que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, “están volviendo los actos de Gobierno como actos ilegales”.
“Aquí nunca hubo un cónclave, esa es una reunión oficial programada por el Gobierno para avanzar sobre un tema que en ese momento era la emergencia climática. Esa reunión fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos en ella”, insistió el jefe de la cartera.
En el mismo sentido, se pronunció el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien sostuvo que la reunión en la Casa de Nariño, a la que López hace referencia, no fue un cónclave secreto, sino una sesión ordinaria del Comité Político. “Esa reunión no era ningún cónclave, era la reunión periódica que citaba el director del Dapre, conocida como Comité Político”, explicó Velasco.
“En esa reunión se estudiaba el estado de opinión del país, se analizaban encuestas, se revisaban avances del gobierno y se discutían las dificultades y avances de la agenda legislativa”.
El exministro también cuestionó la veracidad de las declaraciones de López, señalando que estas contienen múltiples contradicciones que se evidenciarán en el ámbito judicial. “López tiene un sinnúmero de contradicciones fáciles de demostrar en sus declaraciones”, dijo Velasco. “No lo haré en público, sino ante los funcionarios judiciales”.
De acuerdo con la Corte Suprema, varios congresistas participaron en presuntos acuerdos ilegales para aprobar proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad. Lo anterior, tras analizar más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema.
Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
“En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, agregó la Corte.
