Los excombatientes de las Farc llevan cuatro años en las comunidades que los albergaron para la dejación de armas, primero conocidas como zonas veredales, luego como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y ahora en el limbo a falta de una nueva figura jurídica.
Allí han venido adelantando todo su proceso de reincorporación, formulando y fortaleciendo los proyectos productivos de los que vivirán en adelante.
Después de muchas negociaciones, el Gobierno espera trasladar los asentamientos ubicados en Pradera (Putumayo), Charras (Guaviare), Tumaco (Nariño), Yarí (Meta) e Ituango (Antioquia), ya que son de muy difícil acceso o las condiciones del predio no permiten que el ETCR perdure indefinidamente.
El asentamiento de Santa Lucía en Ituango, por ejemplo, tiene que ser trasladado porque “según un estudio del DNP están en alto riesgo de inundación y de remoción en masa, y una parte está dentro de una reserva forestal”, explicaron desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Proyectos productivos
El Gobierno ya tiene predios vistos para el traslado de los cinco espacios, aunque no están los negocios confirmados todavía, dijeron desde la ARN; sin embargo, ya hay inconformidad por parte de los exguerrilleros que suponen que este desplazamiento puede afectar sus proyectos productivos.
“En Ituango tenemos un proyecto de ganadería, incluso la Cofraternidad Carcelaria ya firmó un contrato para el comodato con opción de compra de una tierra para ese proyecto; tenemos Café Paramillo que ha sido muy bien aceptado en todo Antioquia y otros proyectos que los excombatientes vienen desarrollando en el territorio. Todo eso se afecta si nos tenemos que ir”, cuenta el excomandante Elmer Arrieta.
Al respecto, René Hertz, delegado de Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), manifestó que estos traslados sí afectan a los excombatientes y sus familias, “porque la gente echa raíces, pero el traslado no es inmediato, el doctor Andrés Stapper (director de la ARN) les ha explicado que tardará un año y medio o dos años construyendo el nuevo lugar con todas las de la ley”.
Hertz argumentó que en ese tiempo habrá muchos proyectos que lleguen a su producción y otros podrán ser trasladados paulatinamente en ese lapso.
Seguridad, otro factor
El asesinato de excombatientes y las constantes amenazas que llegan al ETCR de Santa Lucía es una de las razones por las que los excombatientes podrían estar de acuerdo en el traslado, aunque saben, como lo comentaron Hertz y Arrieta, que la situación de inseguridad se trasladará con ellos a donde quiera que vayan.
“Quisiéramos que los compañeros pudieran quedarse donde han estado, que no tengan que volver a empezar de nuevo, ahí están sus familias familias, están estudiando sus hijos, pero si no hay forma de hacerlo, tendremos que volver a empezar donde sea necesario”, añadió Arrieta.
