Esta semana se cumple un año de la intervención de la Superintendencia de Salud a Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, con 10,8 millones de afiliados. Esa primera semana de abril de 2024 también tuvo como noticia la intervención a EPS Sanitas y el anuncio de Compensar de presentar su solicitud de retiro del sistema de salud.
Sin embargo, a un año de que Nueva EPS esté bajo control del Gobierno, su situación no ha mejorado y, por el contrario, está deteriorándose y cada vez son más las quejas en los usuarios y más los problemas con clínicas y hospitales por falta de pago, como es el caso de Antioquia. Además, desde entonces, todo lo que ha rodeado la administración de la EPS más grande del país ha estado afectado por el secretismo en el manejo de la información.
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El Gobierno de Gustavo Petro justificó esta intervención por los graves problemas financieros y administrativos que le impedían a la entidad cumplir con los requisitos para operar, además de un aumento constante en el número de quejas y unas deudas que superaban los $2 billones.
Pero nada de esto ha mejorado. Según las cifras de la Superintendencia de Salud que miden el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en 2024 fueron presentadas 358.316 reclamos contra esa aseguradora: casi un 30 % más de las presentadas en 2023, cuando se recibieron 277.033. Solo en los dos primeros meses de este año, se habían recibido 81.455 quejas.
Según la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, a junio del año pasado, cuando estaba en ejecución la intervención, la deuda de Nueva EPS con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), sumando los dos regímenes en los que opera, era de $4,2 billones aproximadamente, con una cartera en mora de $2,2 billones (53 % en mora).
Esa suma ha seguido creciendo, lo que ha llevado a que cada vez más clínicas y hospitales suspendan sus servicios a sus afiliados. De hecho, justo esta semana, la Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia anunciaron que adoptaban dicha medida. Según el presidente de la Fundación Cardiovascular, solo la deuda con esa entidad supera $106.000 millones.
También ha habido problemas con la dispensación y entrega de medicamentos de Nueva EPS. La tercera semana de marzo el país vio las largas filas y aglomeraciones que hubo en Cali, Pereira y Bogotá de usuarios y pacientes amaneciéndose y pasando largas jornadas para acceder a sus medicinas.
¿Hay secretismo en la información de Nueva EPS?
Varios congresistas, que le han seguido la pista a esta EPS después de su intervención, ha señalado que se ha hecho más difícil obtener información sobre la situación financiera de la entidad. Incluso, han tenido que recurrir a derechos de petición y hasta tutelas para acceder a esta.
Al respecto, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) contó que “ganamos la tutela contra esta EPS por esconder información sobre sus deudas con hospitales y gestores farmacéuticos. Esta es la EPS más grande manejada por el Gobierno y debe responder en 48 horas. El debate de la salud debe ser transparente y con información rigurosa”.
Por su parte, el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) señala que desde marzo del año pasado no se conoce información financiera de la empresa. Aún así, según denuncias de él, desde la intervención los pagos atrasados por más de 180 días alcanzaron los $64.000 millones, valor que ha puesto en una difícil situación a más de 8.500 pacientes.
“Hay que decir que la intervención termina siendo un remedio peor que la enfermedad”, sostiene Forero.
Para finales de 2024, cifras oficiales de la entidad, reveladas por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), muestran que su cartera vencida (deudas sin pagar a tiempo) con hospitales y clínicas alcanzó los $10,4 billones en octubre de 2024. Lo preocupante es que llegó a esa suma luego de incrementarse en un 55,2 % respecto al dato de diciembre de 2023, cuando fue de $6,7 billones.
Problemas de Nueva EPS con hospitales en Medellín
Los problemas de caja de Nueva EPS ha llevado a que varios centros asistenciales en la capital de Antioquia anunciaran que dejarían de atender a los afiliados de esta aseguradora. Solo la semana pasada, el 27 y el 28 de marzo, la Clínica Bolivariana anunció que no atenderá más a esta población porque se duplicaron las deudas.
Según la información entregada por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), propietaria de esta clínica, la deuda pasó de $19.589 millones en 2024 a 43.663 millones este año, con corte al 28 de febrero.
Así mismo, la Clínica del Prado también le cerró las puertas a estos usuarios argumentando también que tienen deudas de varios meses con ellos sin pagar, lo que pondría en riesgo su operación. Para este caso no se aventuraron a dar cuentas de cuánto es el adeudo por parte de esta entidad, pero se hablaría de que habría ocurrido la misma situación que con la Clínica Bolivariana.
Desde la Secretaría de Salud del departamento informaron que Nueva EPS tiene deudas con los centros asistenciales públicos y privados del departamento por $250.000 millones, siendo uno de los que tiene mayor cartera morosa. Lo que más preocupa a las autoridades departamentales es que la deuda aumentó en un 47,8 % cuando fue intervenida por el Gobierno Nacional.
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