La salud sigue moviendo la política en el país. Tras la Semana Santa se espera que se programe la discusión y votación de las ponencias de la reforma a la salud, que está a punto de hundirse por el apoyo de nueve senadores de la Comisión Séptima a la propuesta de archivo.
En ese contexto —en el que el petrismo ha tomado el camino de señalar y recusar a sus colegas para que no puedan votar la ponencia—, el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la Nación por presunta financiación ilegal contra cinco partidos: Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador.
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Según el congresista, estas colectividades “recibieron más de $640 millones en donaciones de empresas extranjeras y dueñas de EPS (entidades promotoras de salud) en año electoral”, en referencia a la campaña electoral de 2022. “Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS”, agregó.
“La ley 1474 de 2011 es clara: se prohíbe a las EPS hacer donaciones a las campañas. Por su parte, el inciso ocho del artículo 109 de la Constitución prohíbe la financiación con fines políticos y electorales de extranjeros. Y la ley 1475 de 2011 prohíbe a los partidos recibir financiación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas extranjeras”, recalcó Arias.
Ante esto, los partidos señalados por Arias respondieron. El Centro Democrático calificó esta denuncia de ser “imprudente y temeraria”, puesto que “no tiene otro fin que oponerse al archivo de la nefasta Reforma a la Salud con argumentos sin ningún tipo de solidez jurídica y fáctica”.
El Centro Democrático alega que Keralty es una sociedad distinta a Sanitas y por esta razón no se estaría presentando conflicto de interés alguno.
Entre tanto, desde el Partido Conservador dijeron que son acusaciones infundadas que hacen parte de una estrategia para “impedir el archivo de la reforma a la salud”, aludiendo la postura que la colectividad apoya. Así mismo, señalaron que no recibieron dinero de Keralty.
Entre tanto, desde el Partido Liberal expresaron que estos aportes están ajustados a la ley y que, por lo tanto, no representan ninguna irregularidad.
¿Tiene futuro esta denuncia?
Lo primero que hay que decir al respecto son las prohibiciones que establece la ley mencionada por el senador Wilson Arias. Está en el artículo 27 y señala siete fuentes prohibidas de financiación para partidos, movimientos políticos y campañas.
El que menciona el congresista es el numeral uno (“las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras”) y el siete (“las que provengan de personas naturales o jurídicas que administren recursos públicos o parafiscales”).
Al respecto, cabe mencionar que aunque Keralty fue fundada por extranjeros (españoles) en 1980, es una empresa registrada en Colombia y con registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1991.
Sus actividades económicas son la administración empresarial, actividades de distribución de fondos y actividades de consultoría de gestión. Su presidente ejecutivo es Joseba Mikel Grajales Jiménez y sus vicepresidentes son Juan Pablo Currea Tavera y Fabio Andrés Macías Vargas.
El conglomerado empresarial Keralty tiene participación en el campo del aseguramiento en salud con Colsanitas, EPS Sanitas y Colsanitas Seguros; en la prestación de servicios salud con la Clínica Colsanitas y otras nueve, entre las que destacan la Reina Sofía, la Universitaria Colombia y la Infantil Santa María del Lago (en Bogotá); hasta tiene una editorial, una fundación y una universidad (Unisanitas).
Y aquí es donde vienen varios peros. Keralty no es una persona jurídica extranjera, pues está matriculada en Colombia y tiene número de identificación tributaria (NIT), así que no habría irregularidad como lo sugiere Wilson Arias. Y aunque en ese grupo de empresas propiedad de Keralty está la EPS Sanitas, lo cierto es que la aseguradora es una firma aparte, con junta directiva y cabezas distintas (empezando por el presidente Juan Pablo Rueda).
Respecto a lo último, la Ley 1474 del 2011 prohíbe que las EPS financien campañas electorales; no obstante, la EPS Sanitas no hizo aportes a las campañas de estos partidos, sino Keralty. Por lo tanto, tampoco habría irregularidad al respecto.
De hecho, según explica el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, la Ley 100 (una de las que rige el sistema de salud) establece que las EPS deben tener “un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera”. Por esa razón, manejan recursos propios y son harina de otro costal respecto de las finanzas y dinero que maneja Keralty S.A.S.
Así las cosas, la denuncia del senador petrista puede que quede solo en ruido de redes sociales y en fuente de oprobio para atacar a los partidos que no están alineados con la reforma a la salud.
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