La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, abstenerse de expedir la resolución para el funcionamiento de equipos básicos de salud que será financiado con la unidad de pago por capacitación (UPC).
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Como contexto, la UPC es la plata que el Gobierno —por medio de la Administradora de Recursos de Salud (Adres)— le gira mensualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) para que le brinden atención en salud a sus afiliados.
En ese sentido, el ente de control advirtió que estos recursos tienen una destinación específica (la atención en salud por medio de las EPS) y estos no podrán ser utilizados para fines distintos.
A esto se suma que la sostenibilidad financiera se verá afectada al disminuirle recursos del aseguramiento, lo cual también afecta la adecuada prestación de servicios a los ciudadanos, según advierte la Procuraduría.
“El ente de control reitera que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos, según lo que está establecido en la ley; por lo que, podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios”, señaló el Ministerio Público.
Por otro lado, consideró que la Resolución 2364 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud, que fijó el incremento de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado para la vigencia 2024, “se expidió sin que el documento surtiera los principios fundamentales que garantizaran el debido proceso de publicidad”.
A esto se sumó que la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema, para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del Ministerio sobre la suficiencia de la UPC.
“Se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos”, advirtió el ente de control, que solicitó no emitir la citada resolución y de paso no continuar con el proceso de expedición de este acto administrativo.
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