La Contraloría General de la República ha iniciado el seguimiento permanente a los recursos públicos destinados a la implementación del nuevo modelo de prestación del servicio de salud para los docentes públicos y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
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Según el ente de control fiscal, la actuación intersectorial está siendo adelantada por las contralorías delegadas para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Educación y Salud, así como por la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), a través de los mecanismos de acceso y análisis de información y articulación con el control interno.
En esta acción se analizarán el funcionamiento del nuevo modelo, las principales diferencias frente al que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024, las adecuaciones administrativas requeridas en la fiduciaria administradora, el manejo financiero y, transversalmente, la contratación adelantada.
Ante esto, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) expidió el pasado 16 de mayo la Circular 002, que autoriza que todas las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) públicas, privadas y mixtas puedan prestar los servicios de salud y/o tecnologías que sean requeridos por los usuarios, incluyendo la entrega de los medicamentos de baja complejidad, de alto costo o control especial sin previa autorización. Incluso, si dichas IPS no han sido contratadas por el Fomag.
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Por otro lado, podrán facturar los servicios bajo la modalidad de pago por evento (también conocido como pago por servicios) a la tarifa SOAT plena y/o a la tarifa ofrecida en su portafolio vigente al patrimonio autónomo del Fomag, administrado por la Fiduprevisora, con la cual se generan nuevos riesgos sobre el proceso.
En ese sentido, ante la eventual materialización de riesgos en la puesta en marcha del nuevo modelo, la Contraloría hace un llamado a todos los actores y responsables del manejo de los recursos públicos asociados y de la regulación, ejecución e inspección, vigilancia y control del sistema de salud.
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“Que su gestión se oriente a garantizar la atención en salud de los maestros, con la debida transparencia en el uso de esos dineros y se establezcan mecanismos efectivos de control y seguimiento para evitar y conjurar traumatismos en la prestación de los servicios y afectación del patrimonio público”, expresó la entidad.
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