Los proyectos de ley suelen quedar en el olvido o no progresan por falta de quorum.
En la tarde del 8 de abril, un nuevo proyecto de ley que propone rebajar al 50% el salario de los congresistas de Colombia pasó su primer debate en el Senado: la Comisión Primera votó, fueron 16 a favor y 0 en contra. Sin embargo, este no es el primer intento de sacar adelante una iniciativa así.
Desde 2015 hasta 2021 hubo diez intentos, desde 2022 hasta 2025 ha habido otros tres. Sin embargo, ninguno ha prosperado. Al contrario: solo en el último año, el salario de los parlamentarios ha subido 10,8%. Gracias al decreto de reajuste salarial firmado por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el salario de los congresistas pasó de $43,4 millones a $48,1 millones.
De hecho, aquel decreto fue firmado en mayo de 2024, y en junio de ese mismo año se hundió un proyecto de ley para bajar el salario de los congresistas. Primero fue aprobado en plenaria del Senado, pero en su tercer debate en la Cámara no recibió los votos suficientes: con 15 votos a favor y 14 en contra, de los 29 representantes que integran la Comisión Primera, no alcanzó los 21 suficientes para tener mayoría absoluta.
En ese momento, el representante Duvalier Sánchez aseguró: “reducir nuestro salario es apenas justo con un pueblo que clama mayor equidad, este Congreso debe comprometerse con la justicia social y económica”. Mientras tanto, David Racero aseguraba estar en contra del proyecto porque “después de las deducciones, los congresistas reciben entre 30 y 32 millones de pesos de un salario bruto de 48 millones”.
En 2023 también hubo un proyecto para bajar el salario de los parlamentarios, este no solo incluía una reducción del 50%, sino que también proponía aumentar las curules para población afro e indígena: uno por partido. La propuesta fue presentada por el congresista JotaPe Hernández, y fue rechazada, no solo en 2023, sino también un año antes.
En 2022, el partido Centro Democrático no solo avaló la propuesta de JotaPe, sino que propuso bajar el salario de otros altos mandos del Estado. “Esta es la tercera vez que el Centro Democrático adelanta acciones para reducir los altos salarios de los congresistas y otros funcionarios del Estado, para garantizar la equidad y destinar esos recursos a la inversión social (...) proponemos un impuesto del 20% sobre los altos salarios del Estado, que significa una reducción inmediata; además cuenta con solidez jurídica lo que lo haría aún más viable”, expresaron esa vez.
En ambos años (2022 y 2023) las propuestas no prosperaron porque la Comisión Primera nunca las aceptó. Al inicio no se revelaron quiénes habían votado en contra, luego se supo que senadoras como Clara López, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta fueron reacias a la propuesta.
Y aunque el cuento es largo: en 2021 hubo otra, que tampoco prosperó. De hecho, ese año hubo polémica porque, según el entonces presidente Iván Duque, no había forma de modificar el salario de los congresistas sin modificar la constitución.
En ese año todavía quedaban rezagos de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, y muchos congresistas sesionaban desde sus casas.
En ese momento, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le envió una carta a Iván Duque asegurando que los gastos de representación, de localización, vivienda y transporte de los congresistas los fija el Gobierno de acuerdo con las “circunstancias que los justifiquen”, y no de modo automático. Y que como muchos estaban en sus ciudades de origen, podían cortarse los gastos de representación.
La propuesta fue desestimada por los mismos congresistas, quienes recogieron sentencias de la corte para rectificar que “es deber del Estado conservar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar su incremento”.
De ahí para abajo las historias son prácticamente las mismas. Tal vez la que más resalta es la “Consulta Anticorrupción” propuesta por el Partido Verde en 2018.
En esa oportunidad, los colombianos se acercaron a las urnas a contestar varias preguntas, la primera de ellas decía: “¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV), fijado un tope de 25 SMMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?”.
Las discusiones se tornaron entonces en preguntarse si el salario de los congresistas tenían que ver o no con la corrupción. Y se puso sobre la mesa El Mandato Parlamentario creado por la Unión Interparlamentaria en Ginebra que asegura que “la situación del parlamentario se caracteriza por la existencia de un cierto número de ventajas y cargas que tratan de garantizar la libertad en el ejercicio del mandato y la independencia del parlamentario, protegiéndole contra presiones que podrían comprometer su independencia”.
El senado dio luz verde para hacer la consulta en junio, por lo que el 26 de agosto de 2018 fue el día designado para que la misma ciudadanía eligiera el futuro de varios procesos y presupuestos estatales. Para que fueran aprobados los mandatos, era necesario obtener al menos 12.140.342 de votos (33,3 % del censo electoral vigente para ese año) y que el Sí obtuviera más del 50% de los votos.
Si eso hubiera pasado, el Congreso habría tenido que tramitar las normas sí o sí. Pero no pasó, lo que sí pasó es que hubo abstención electoral. La participación fue del 32%, votaron 11.671.420 habitantes. Así que esta iniciativa para reducir el salario de los congresistas tampoco prosperó.
Se podría hacer un gran pliego recogiendo todas esas actas que hablan de falta de quorum y los discursos señalando responsables. Tan solo de 2011 a 2018 hubo aproximadamente 7 intentos para bajar el salario de los congresistas. Pero a veces no sólo se trata de reducir ese salario.
En 2013, el Consejo de Estado tumbó una prima de localización y vivienda que tenían los congresistas en esa época, por lo que perdieron buena parte de su salario. Pero al poco tiempo el Gobierno creó una “prima de servicios”, porque con la nueva reducción del salario, los congresistas quedaban ganando menos que otros altos funcionarios del Estado. Eso se consideró inconstitucional.
Esta vez se recogieron 57 firmas para discutir, otra vez, el proyecto. Fue aprobado en primer debate, pero todavía le faltan ocho.
Esta vez no solo se trata de equidad. Aunque el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana aseguró que, para 2024, los congresistas ganaban más que el 99% de los ciudadanos en el país, la discusión también está puesta en el foco debido a que se da en medio de un panorama político en el que el Presupuesto General de la Nación (PGN) ha ido disminuyendo, y los recortes se han sentido en diferentes frentes del Estado.
Esta vez, María José Pizarro, que estuvo en contra de iniciativas de este tipo en el pasado, es una de las que más ha abogado por el proyecto. “Cada sesión que pasa el proyecto empieza a estar más cerca de los cuidados intensivos. Sí está en este momento en riesgo por tiempos. Hemos insistido. Tres sesiones se estuvo debatiendo el orden del día”, dijo.
Mientras que desde la oposición, Paloma Valencia (Centro Democrático) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) impulsaron que se incluya una proposición para que la reducción también cobije a los altos funcionarios del Estado.
El camino es largo, incierto y el historial no es bueno. Sin embargo, en entrevista con la W Radio, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró: “vale la pena intentarlo una vez más”.
