Finalmente, Ricardo Roa fue llamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a responder por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. Roa, hoy presidente de Ecopetrol, ha dicho a la opinión pública que no existió ningún manejo cuestionable, a pesar de que hay varios frentes sobre los que quedan todas las preguntas. En el mismo auto en el que el CNE lo llama a rendir versión libre, se le piden explicaciones a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) por las bitácoras de los viajes que la campaña realizó, y así determinar si esos gastos fueron reportados de manera oficial.
SADI fue la empresa que transportó a varios políticos, muchos de ellos del Pacto Histórico, durante 2021 y 2022 para eventos oficiales de la campaña. El mismo presidente Gustavo Petro participó en esos viajes, sobre todo en enero del año de las elecciones, y lo hizo también el actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti. De acuerdo con Cuentas Claras, la campaña de Petro pagó más de 1.100 millones de pesos para sus viajes en la categoría de transporte aéreo; fueron muy numerosas las giras que hizo el entonces candidato por varias regiones del país, así amplió su plataforma electoral rápidamente.
Lo que el CNE busca establecer es si las cuentas de la campaña fueron rigurosas en la entrega de información. Se investiga si hubo vuelos que no fueron reportados y por los cuales alguien (indeterminado hasta ahora) habría pagado. Esta es la segunda vez en la que el organismo electoral hace la misma solicitud, incluso a la DIAN para encontrar la trazabilidad de la facturación por los vuelos.
Los $500 millones de Fecode
Roa también tendrá que explicar por qué hay una incongruencia entre lo reportado en Cuentas Claras y las actas de Fecode. Este último caso fue el que desató la furia del presidente Petro frente al exfiscal Francisco Barbosa y la actual fiscal encargada Martha Mancera. La Fiscalía, dijo Petro, hizo un “allanamiento a un sindicato” para sacarlo a él del poder. Con esta afirmación, el presidente hizo una alerta a la comunidad internacional aseverando que en el país había fuerzas que querían desconocer la voluntad popular en las elecciones, algo que fue negado por congresistas como Humberto De la Calle y otras personalidades de todas las ramas del poder. Lo cierto es que mientras las actas señalaban que los 500 millones de pesos eran una donación del sindicato de maestros para la campaña de Gustavo Petro, en Cuentas Claras esos recursos fueron reportados hacia el Pacto Histórico. Fecode insiste en que no hubo irregularidad.
Los jurados de las elecciones
La otra pregunta, atada a la indagación anterior, es si los recursos de Fecode fueron gastados y reportados en pagos a jurados electorales que estuvieron en los lugares de las votaciones para garantizar que no se perdieran votos en favor del candidato en todo el país. El CNE tiene dudas sobre si esos gastos fueron debidamente diligenciados.
Nicolás Petro y el Atlántico
Aunque esta investigación está más avanzada en la Fiscalía, el CNE también tiene el expediente, pues Nicolás Petro dijo en una entrevista pública y, también, en una declaración al fiscal Mario Burgos: “Mi papá sí sabía”, por lo cual las autoridades deben revisar si los recursos entregados por Alfonso “el Turco” Hilsaca y Santander Lopesierra tuvieron algún tipo de conexión con la campaña oficial del Atlántico, antes de que Petro Burgos los usara en bienes personales para él y su exesposa Day Vásquez.
Cualquier repercusión para Ricardo Roa sería de una magnitud no calculada hasta ahora. No solo porque el presidente Petro ya dio muestras de que los movimientos de la justicia en contra de su círculo más cercano serían recibidos por él como un intento de golpe y de “sacarlo del poder”, sino porque, en términos de mercados, esto podría ser leído como un mensaje de inestabilidad para Ecopetrol, la empresa pública por acciones más grande del país, y de la cual dependen buena parte de los programas de política pública del Gobierno, incluyendo las transferencias.
A pesar de que el Presidente ha insistido como prioridad en su agenda de política energética, que se debe apuntar hacia la descarbonización y la suspensión de la exploración de hidrocarburos, Ecopetrol es la empresa más determinante para cualquier movimiento fiscal del Gobierno.
Roa deberá rendir versión libre con el antecedente de que sus abogados se opusieron a decisiones del CNE. Una de ellas le pedía al gerente de la campaña su declaración de renta de 2022, por considerarla relevante en el año de las elecciones. Los abogados argumentaron que esta no tenía nada que ver con el propósito de la indagación y no la enviaron, por lo que no es claro cuál será la estrategia de defensa.
De otro lado, EL COLOMBIANO conoció que en otros entes de control se podrían estar alistando decisiones contra representantes de la campaña debido a los hechos anteriores, por lo que este primer llamado del organismo electoral parece convertirse en un nuevo punto de tensión entre el Presidente y la justicia.
Roa y su apartamento
Otro cuestionamiento reciente al presidente de Ecopetrol es la adquisición de un apartamento en Bogotá, que fue comprado a una compañía, cuyo representante legal tenía intereses a su vez en un proyecto en el que la empresa colombiana tiene participación. La cabeza de la empresa contestó que la compra la hizo a través de agentes y dijo no saber que esta persona estaba también participando en el proyecto de gas Sinú 9. El apartamento tendría un valor de $1.800 millones, que Roa dijo haber comprado con sus propios recursos, luego de altos cargos en el sector público y privado.
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Por lo menos cuatro casos son investigados por las autoridades entorno a la campaña.
