La campaña con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño está en el ojo del huracán hace un año por múltiples investigaciones de presunta financiación ilegal. Con la citación que el Consejo Nacional Electoral, CNE, estaría preparando para el gerente de Ecopetrol y exgerente de la Campaña, Ricardo Roa, el ambiente político está cada vez más tenso y a la espera de si esas investigaciones concluyen con posibles delitos del jefe de Estado o su círculo más cercano.
La campaña ha estado empañada por cuatro grandes casos e investigaciones: el de Armando Benedetti y los “millones de empresarios de la Costa”, el de los supuestos pagos bajo cuerda de los testigos electorales, el de Nicolás Petro y los más de 1.000 millones de pesos que recibió de manera ilegal y el de los 500 millones que habría aportado la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.
Los 15.000 millones de Benedetti
Para empezar, el escándalo que más ha golpeado al Gobierno llegó desde adentro, cuando el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, fue señalado por su propia exesposa de recibir cientos de millones de pesos para la campaña que nunca fueron reportados ante el CNE ni la opinión pública.
En efecto, fue la expareja de Nicolás, Day Vásquez, la que detalló en entrevistas a medios de comunicación cómo fueron los movimientos para recibir más de 1.000 millones de pesos de cuestionados personajes. Según su relato, Petro Burgos recibió dineros en efectivo de manos del exnarcotraficanete Manuel Santander Lopesierra y del hombre relacionado con paramilitares, Alfonso “el Turco” Hisalca.
Esa información sacudió a la Casa de Nariño y puso en duda toda la financiación porque se trataba del hijo del jefe de Estado involucrado en un grave escándalo de corrupción. Pese a eso, Day Vásquez ha insistido desde el principio en que Petro no sabía de esos dineros y en que, de hecho, la mayoría de los recursos ni siquiera entró a la campaña, sino que sirvieron para el enriquecimiento ilícito de la pareja.
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Actualmente, ese caso avanza en la Fiscalía General de la Nación y Petro Burgos fue acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos más. En paralelo, Vásquez logró un preacuerdo con la Fiscalía con el que recibió inmunidad por dos años a cambio de revelar todo lo que sabe sobre su exesposo y otros empresarios y presuntos implicados en los hechos.
Luego vino la crisis por los audios del exembajador de Colombia en Venezuela y actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti.
En ese escándalo, se filtraron conversaciones entre Benedetti y la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, en las que se hablaba de 15.000 millones de pesos que habrían ingresado a la campaña de manera irregular provenientes de la Costa, la región en la que es más poderoso el embajador.
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“¡En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa monda! Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes; es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, se le escuchó decir a Benedetti quien, al parecer, amanezaba con contar todo lo relacionado con esos 15.000 millones si ellos no cedían en otro aspecto.
Sobre este caso, la Fiscalía abrió una investigación en la que llamó a declarar a Benedetti para que explique a qué se refería con esas declaraciones y qué sabe de la supuesta financiación irregular de Petro Presidente.
¿Fecode le donó 500 millones a la campaña?
Lo cierto es que la mayoría de los escándalos están relacionados con los alfiles más cercanos al presidente Petro y otros de sus aliados.
Uno de los cuestionamientos más recientes a la campaña vino por cuenta de una donación de 500 millones de pesos que realizó la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.
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Ese tema está en plena investigación de la Fiscalía General de la Nación porque la Ley del país prohibe que haya una donación de ese tipo a una campaña presidencial.
Sin embargo, la Federación ha insistido en que esa donación se entregó fue al partido Colombia Humana, un movimiento que sí es permitido por la legislación.
En este punto, la autoridad que deberá definir si ese movimiento fue ilegal, o no, será el Consejo Nacional Electoral, quien debe comprobar si la donación se usó en la campaña o en el funcionamiento del partido.
Por último, el escándalo por los pagos a testigos electorales tuvo que ver con que la campaña tuvo 80.000 testigos en todo el país para la primera y segunda vuelta presidencial y, pese a que recibieron una remuneración por ese trabajo, los dineros con los que se les pagó no habrían sido reportados debidamente.
