La Alcaldía de Bogotá ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa a las personas que den información que permita dar con el paradero de los cinco encapuchados que vandalizaron un carro de la Policía, cerca a la Universidad Nacional, en la tarde del jueves 4 de abril.
Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo, quien se refirió a los hechos que ocurrieron en el marco de las protestas que hicieron algunos estudiantes para manifestar su inconformidad con la elección de José Isamel Peña como nuevo rector de esa institución de educación superior.
“El Gobierno de Bogotá respeta el derecho al ejercicio de la manifestación pública y la acompaña para garantizar los derechos tanto de aquellos ciudadanos que quieren manifestarse, como de aquellos que no hacen parte de la manifestación”, comentó el encargado de la Secretaría de Seguridad de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
Y es que un grupo de encapuchados aprovecharon el trancón que se generó sobre la avenida NQS por las manifestaciones y, con extintores en mano, empezaron a golpear las ventanas de una patrulla que, según se supo, no participaba en la dispersión de las personas que protestaban. Sobre esto, Restrepo aseguró que el distrito rechazaba estos actos de vandalismo.
Además, en videos ciudadanos que se hicieron virales en redes sociales, se vio cómo uno de los encapuchados le quitó el casco a un Policía y empezó a pegarle. Sin embargo, los miembros de la Fuerza Pública agredidos no reportaron lesiones de gravedad después del hecho.
“Durante los últimos días empezamos a notar un patrón de que en el ejercicio legítimo de las manifestaciones de los ciudadanos, se infiltran individuos que ejercen violencia y destrucción“, añadió el secretario de Seguridad.
Entre los delitos por los que tendrán que responder los cinco encapuchados, cuando sean identificados, están daño en bien ajeno, obstrucción de vías públicas y violencia contra servidores públicos.
De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Justicia en su página web, el daño en bien ajeno se paga con una pena de entre uno y cinco años de cárcel. Además, quien sea hallado culpable del mismo deberá cancelar una multa de entre 5 y 25 salarios mínimos.
Entra tanto, según el Tribunal Superior de Medellín, el delito de violencia contra servidor público puede llevar a que quienes lo cometieron paguen una pena de entre 4 y 8 años.