Se trata del magistrado Altus Baquero, quien fue postulado por el Partido Liberal, que hoy –al menos en el papel– sigue conformando la bancada de Gobierno del primer mandatario.
Justo hace un año, en mayo de 2023, el Consejo de Estado suspendió la elección del magistrado Altus Baquero, quien fue postulado por el Partido Liberal para llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo anterior, por cuenta de presuntas irregularidades en su experiencia profesional para asumir el cargo. Sin embargo, en una determinación conocida este jueves la Corte Constitucional ratificó su elección.
No es una decisión cualquiera si se tiene en cuenta que en próximos días la Sala Plena de la autoridad electoral se reunirá para debatir y –en caso tal, aprobar o negar por mayoría– la ponencia en la que se pide investigar formalmente al presidente Gustavo Petro y a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes. De allí que las cuentas sean decisivas.
Según informó el CNE, la Corte Constitucional confirmó “preliminarmente” el cumplimiento de todos los requisitos del magistrado Baquero, cuya elección quedó en veremos por líos con los 15 años de experiencia requeridos como experiencia profesional al momento de la elección. Tras la determinación, el magistrado expresó “gratitud con la administración de justicia”.
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Su ratificación en el CNE hace que Baquero tenga voz y voto en la decisión que tendrá que tomar el organismo frente a las pesquisas por el caso de la campaña del presidente Gustavo Petro. El magistrado fue postulado por el Partido Liberal, que aún hoy permanece en la coalición de Gobierno, pero que ha marcado distancia del jefe de Estado.
De hecho, fue la ponencia del magistrado Benjamín Ortiz (también del Partido Liberal) –realizada en conjunto con Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático)–, la que propone la apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.
Las cuentas en la autoridad electoral, cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, son claras y podrían llevar a que el CNE tenga que llamar a conjueces.
De los nueve magistrados, hay al menos tres que son cercanos al Gobierno y votarían en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Los otros seis togados, incluido Baquero, podrían inclinarse a la formulación de cargos.
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Se trata de Prada y Ortíz –los investigadores, que son del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente–, así como César Lorduy –que viene de Cambio Radical–, Maritza Martínez –quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal–, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras.
Por fuera de la ecuación queda Pablo Julio Cruz, de Comunes, que aunque tiene voz, no cuenta con voto para este tipo de determinaciones. Así las cosas, la decisión estaría prácticamente en manos de Lorduy, Martínez, y Baquero.
Si se consiguen esos seis votos no sería necesario llamar a conjueces para poder configurar las mayorías para que resolver el nudo en la decisión. Sin embargo, el voto de Prada podría quedar en veremos, debido a que la bancada del Pacto Histórico lo recusó por vulneración al principio de imparcialidad y la violación al régimen de conflictos debido a que hizo parte de la oposición como representante del Centro Democrático.
“Hay impedimentos de interés indebido y animadversión del magistrado contra el presidente, su campaña y el proyecto político que lidera, las cuales denotan un interés particular (...) Prada, una vez nombrado magistrado, habría buscado su elección como investigador en el caso contra el presidente, esto después de haber renunciado a su curul en el Centro Democrático en el Congreso para evadir una investigación de la Corte Suprema por presunto soborno”, reclamó la bancada petrista.
Incluso, fueron más allá y pidieron suspender toda la investigación contra el jefe de Estado y su campaña, hasta tanto se resuelva la recusación, con miras a garantizar “el Estado social de derecho y la voluntad popular que emana del constituyente primario”.
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