Advirtiendo que las descalificaciones contra el organismo afectan la democracia, la autoridad electoral rechazó “de manera categórica” las declaraciones y argumentó que sus actuaciones están amparadas por la Constitución y la ley, “así como por la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”.
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“Las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales”, declaró el CNE.
En su determinación, el organismo advirtió que se afecta la democracia cuando quien está llamado “a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional”, descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas.
Horas antes, desde Cartagena, Petro se refirió indirectamente a la ponencia que los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron ante la Sala Plena. Se trata del proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento –que ahora deberá ser estudiado y debatido por la Sala Plena del organismo–, advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.
En esa línea, el jefe de Estado insistió en que, según la propia Constitución, el presidente de la República solo puede ser juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde cuenta con mayorías y escuderos.
“Nadie puede perder sus derechos políticos, sino por sentencia de juez penal, es decir, porque es un criminal. Aquí lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial, es que 11 millones y medio de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción”, aseguró Petro.
Sin embargo, fue más allá y aseguró que, como en otros países de América Latina, se busca que el presidente deje su cargo “porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos”.
Previo a ello, desde su tribuna favorita, la red social X (antes Twitter), Petro reclamó por una supuesta ruptura constitucional e instó a sus bases a respaldarlo a través de campañas contra lo que calificó como un golpe de Estado.
“Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La Democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”, señaló el jefe de Estado.