En cuestión de días, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para tomar una determinación trascendental: debatir y –en caso tal, aprobar o negar por mayoría– la ponencia en la que se pide investigar formalmente al presidente Gustavo Petro y a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes. Al tratarse de un organismo político, las cuentas y apuestas en los mentideros políticos están en pleno apogeo.
Este miércoles, tras meses de investigación y análisis, los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), radicaron ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.
Los dos indagaron especialmente por las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro en campaña a varias regiones del país, junto con quienes en ese momento integraban su equipo y eran candidatos al Congreso. Se estima que de cada $10.000 que la campaña gastó en servicios de transporte para movilizarse en la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $6.500 se los pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué.
Las cuentas en la autoridad electoral, cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, son claras y podrían llevar a que el CNE tenga que llamar a conjueces.
De ocho magistrados, hay al menos tres que son cercanos al Gobierno y votarían en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Los otros cinco togados podrían inclinarse a la formulación de cargos.
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Se trata de Prada y Ortíz –los investigadores, que son del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente–, así como César Lorduy –que viene de Cambio Radical–, Maritza Martínez –quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal–, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras.
Por fuera de la ecuación queda Pablo Julio Cruz, de Comunes, que aunque tiene voz, no cuenta con voto para este tipo de determinaciones. Así las cosas, la decisión estaría prácticamente en manos de Lorduy y Martínez, pero aun si los cinco magistrados deciden estar a favor de la ponencia, no alcanzan los votos. Esto significa que tendrían que llamar a conjueces para poder configurar las mayorías y que estos resolvieran el nudo en la decisión.
Si los conjueces deciden, como opinan los investigadores, que hay suficientes méritos para la formulación de los cargos, entonces Ricardo Roa tendría que enfrentarse a la acusación por su responsabilidad de gerente de campaña, y sobre el presidente Gustavo Petro los expedientes tendrían que ser enviados a la Comisión de Acusación de la Cámara. Allí es poco probable que algo ocurra.
De hecho, la semana pasada el abogado de Petro, Mauricio Pava, pidió que el expediente pase a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes donde –a diferencia del CNE–, el jefe de Estado cuenta con mayorías y fieles escuderos que podrían sacarlo avante del proceso.
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En una carta que envió al representante petrista Alirio Uribe –nada menos que el investigador coordinador del triunvirato que investiga a Petro en la Comisión–, Pava aseguró que, según la Constitución, solo ese órgano legislativo es competente para investigar a los jefes de Estado, por lo que los procesos contra Petro no deben seguir reposando en los despachos de los magistrados del CNE, autoridad encargada de vigilar y ejercer control de la actividad electoral.
“Solicito a la honorable Comisión que requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso por falta de competencia o, en su defecto, remita inmediatamente todos los procesos en curso en contra del presidente y se abstenga de tomar cualquier determinación que pueda limitar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos o suponer una afectación a sus derechos de cualquier otra naturaleza, ya que esta competencia es exclusiva del Congreso”, argumentó Pava.
De allí que Petro y su defensa insistan en que los procesos aterricen a la Comisión de Acusación. No es para menos. Solo en el triunvirato encargado de investigar las denuncias, además de Alirio Uribe, Petro cuenta con Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).
Inclusive, en caso de que ese triunvirato dé vía libre a las investigaciones y el caso escale hasta la Comisión, Petro también tendría las de ganar. Ese organismo está conformado por 18 representantes, de los cuales ocho son de la coalición de Gobierno, siete independientes y tres de oposición.
