El Ministerio Público reclamó que la Mesa Directiva de la Comisión Séptima cometió una arbitrariedad al negarle a congresistas una prórroga para elaborar su ponencia no en una semana, sino en dos.
En momentos en los que finalmente la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes discute en tercer debate la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, este martes se conoció un oficio de la Procuraduría en el que –acogiendo las razones de una tutela presentada por la oposición–, pide suspender el debate hasta tanto partidos opositores puedan presentar la ponencia del proyecto.
La semana pasada, pese a los apretados tiempos del proyecto, desde Cambio Radical y el Centro Democrático radicaron una tutela para que la mesa directiva de la Comisión acceda a que se dé un plazo de al menos 15 días para presentar su propia ponencia y no una semana.
Lejos de ser algún tipo de “jugadita” o maroma para poner en ascuas la discusión, los congresistas ponentes (Betsy Pérez, de Cambio Radical, y Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático) defendieron que el proyecto no se puede tramitar a las carreras ni a punta de pupitrazo, sino que se requiere un análisis pausado.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que, según los tiempos del Congreso, si el proyecto no se debate y aprueba en sus cuatro debates antes del 20 de junio –cuando concluye el periodo de sesiones parlamentarias–, la iniciativa terminará archivada por tiempos.
En un oficio fechado este martes y firmado por la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, el ente de control respalda los argumentos de la oposición y pide que el debate se suspenda hasta este sábado 25 de mayo para que los congresistas tengan tiempo de elaborar la ponencia.
En su argumentación, la procuradora delegada reclama que la petición radicada por los ponentes del proyecto de ley “fue arbitrariamente negada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”, impidiendo que el proceso legislativo se desarrolle “con un mínimo de racionalidad deliberativa y decisoria”.
Por ello, solicita al juez encargado de resolver la tutela ordenar como medida provisional urgente la suspensión del debate. En su petición, los congresistas de oposición pidieron más días para estudiar el proyecto teniendo en cuenta que consta de 95 artículos y que, además, posee una gran significación en cuanto al impacto político, social y económico por las implicaciones de su contenido y disposiciones.
“Consideramos que es fundamental para el ejercicio de la democracia y para la construcción de una ponencia, obtener todos los insumos posibles desde las distintas ópticas y posturas de actores, vinculados y/o afectados por el proyecto”, argumentaron.
Según el Ministerio Público, al negar la prórroga, la Mesa Directiva de la Comisión violó los derechos fundamentales a la participación efectiva, a ejercer la oposición política y al debido proceso en el trámite legislativo. Para la Procuraduría fue una decisión arbitraria.
“El proyecto pretende modificar la estructura y operación del Sistema General de Pensiones mediante un texto compuesto por 95 artículos y más de 300 páginas, en las cuales, aproximadamente el 50 % del articulado estará sujeto a reglamentaciones y decisiones por parte del Gobierno Nacional; decisiones trascendentales que deben ser objeto de amplio debate y análisis técnicos, económicos, jurídicos, tecnológicos, entre otros, por parte de la Comisión”, precisó la Procuraduría.
En conclusión, para la procuradora, la imposibilidad de que los dos ponentes de la oposición pudieran presentar su proyecto de ponencia, afecta la esencia misma del debate democrático, pues impide a la oposición realizar un adecuado análisis sobre la conveniencia o inconveniencia del articulado del proyecto de ley.
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