Bucaramanga puso a presos de la ciudad a realizar varios trabajos comunitarios, como pintar los parques y ayudar en la renovación de los espacios públicos de la capital del departamento de Santander. Esta iniciativa, liderada por el alcalde Jaime Andrés Beltrán, la convierte en la primera ciudad de Colombia en implementar este modelo de resocialización.
La decisión del alcalde Beltrán —conocido como el “Bukele colombiano” desde que hizo público que tenía como referente para su administración la política de mano dura contra el crimen que ha llevado a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele— busca que las personas privadas de la libertad contribuyan activamente a la sociedad
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“En Bucaramanga entendimos que los privados de la libertad pueden y deben hacer más que estar encerrados, el servicio social los dignifica y le aporta a la comunidad que alguna vez fue afectada por su actuar. Aquí ganamos todos”, dijo el mandatario local a través de X.
Desde 2020, Bukele aplicó la estrategia de “Plan Cero Ocio” en el país centroamericano para asignar a los reclusos trabajos comunitarios como limpieza de calles, reparación de escuelas y construcción de viviendas para familias vulnerables.
Este programa, asigna a los reclusos en la “fase de confianza” a realizar trabajos comunitarios en todo El Salvador con su mano de obra en trabajos de albañilería, instalación de techos, tuberías y el sistema eléctrico en las casas, como por ejemplo la limpieza de calles y playas, reparación de centros educativos y hospitales, y construcción de viviendas para familias de bajos ingresos
Por otro lado, Beltrán, cuando era uno de los candidatos a la alcaldía en 2023, se presentó como un mandatario que tenía de referencia al presidente salvadoreño.
“La gente se mamó de esconderse y quiere ver un cambio significativo en la ciudad. Si Bukele logró en El Salvador cambiar las cifras más complejas de violencia, pues El Salvador tendrá un Bukele, pero Bucaramanga tendrá a Jaime Andrés para que asuma el reto y el desafío”, dijo en ese entonces Beltrán.
Por lo tanto, desde este mes de diciembre, el mandatario, sobre el cual pesa una anulación de su elección como alcalde debido a la acusación de doble militancia, anunció que ya se está aplicando la estrategia.
“En promedio, cada privado de la libertad les cuesta a los colombianos entre 6 y 12 millones de pesos, sin ningún tipo de retribución a la sociedad. El Estado no gana nada manteniendo a miles de personas encerradas, ellos pueden dignificar su vida sirviendo a la comunidad”, aseguró Beltrán.
“Nos complace ver como las demás ciudades y departamentos han seguido este ejemplo demostrando que sí se puede”, concluyó.
Recientemente, el Tribunal Administrativo de Santander anuló su elección debido a la acusación de que Beltrán había promocionado a candidatos de otros partidos políticos durante las elecciones regionales de 2023. A pesar de esto, Beltrán anunció que apelará la decisión, que no está en firme.
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