Los uniformados, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, están retenidos desde el pasado viernes y se encontraban en la zona por cuenta de las amenazas y extorsiones del frente Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, liderado por Alexis Guerra, alias Chancharino, que obligó al cierre de negocios entre el 22 y el 26 de julio en este municipio y en el sur del Meta.
Los militares habrían sido interceptados en las veredas de Chuapal y Bocas de Caño Cafra, por un grupo de personas denominadas “miembros de guardias campesinas”. El sábado, liberaron a 40 de los 98 soldados que fueron retenidos cuando estaban realizando patrullajes por dos veredas de esta localidad.
Autoridades señalaron que el secuestro estaría relacionado con presiones de las disidencias de Farc a pobladores de la zona. Ese grupo criminal está liderado por Alexis Guerra, alias “Cancharino” y Alexander Díaz, alias “Calarcá”, integrantes fundadores de la estructura Jorge Suarez Briceño. Mediante panfletos, intimidaron a los comerciantes del sur del Meta y San José del Guaviare para obligarlos a cerrar sus negocios entre el 22 y el 26 de julio. Pero sus acciones se extienden a otras zonas del país e incluso contra firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc (ver recuadro).
El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, expresó que “los uniformados se encontraban cumpliendo su misión constitucional de proteger a la población civil de las extorsiones de grupos armados en la zona”.
El primer reporte médico señaló que todos los uniformados liberados se encontraban en buenas condiciones de salud, aunque fueron trasladados a un batallón para hacerles un análisis más exhaustivo sobre su estado físico y mental.
Desde el Ejército se indicó que de la mano de la Fiscalía trabajan para lograr la liberación de los demás militares retenidos, al tiempo que se sostienen las reuniones y se efectúan consejos de seguridad en la zona para tomar medias sobre lo sucedido.
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¿Quién es “Calarcá”?
Las disidencias del EMC están divididas. De un lado está la facción de Iván Mordisco –que sostiene una confrontación total con la Fuerza Pública departamentos como el Cauca, Valle y Nariño– y en el otro extremo están las comandadas por “Calarcá” que, en la práctica, dicen apostar a una salida negociada a la confrontación.
“Calarcá” tomó el control de las disidencias en el Caquetá tras la muerte de alias “Gentil Duarte” en mayo de 2022. Ese departamento ha sido el escenario de disputa entre los grupos armados ilegales, no solo por las economías ilícitas de la minería y el narcotráfico. También porque es un lugar que permite el acceso a ríos navegables que funcionan como corredor con la planicie amazónica y, a su vez, con departamentos claves para las rutas ilícitas como el Cauca y Nariño.
De este cabecilla se sabe que ingresó a la guerrilla de la extintas Farc cuando tenía 16 años. Operaba en el departamento del Meta. En 2013 se convirtió en el segundo hombre más importante del frente 40. Alcanzó a dejar las armas y se le vio en la zona veredal de El Tigre. Desertó del proceso de paz y se unió como subordinado de Gentil Duarte.
El control de las rutas ilícitas tiene enfrentados a los hombres de “Calarcá” con la Segunda Marquetalia de alias “Iván Márquez”, quien se creía estaba muerto tras operativos del Ejército cerca a la frontera con Venezuela.
Si se hace efectiva la advertencia del ministro Velásquez sobre acabar el cese al fuego con el frente “Jorge Suárez Briceño” sería otro golpe a la “paz total”, estrategia del Gobierno Petro, que ha tenido toda suerte de dificultades. Investigadores expertos en conflicto armado, como Jorge Mantilla, han criticado la salida tardía de la posición del Gobierno frente a este secuestro masivo en el Meta.
Excombatientes habían sido amenazadas por “Calarcá”A finales del pasado mes de junio, una comunidad de firmantes del Acuerdo de Paz –que realiza su proceso de reincoporación en el ETCR Miravalle (Caquetá)– recibió un panfleto amenazante en el que las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, al mando de alias “Calarcá”, declaró su territorio como una “zona más del conflicto”.
Los disidentes, en un extenso comunicado, señalaron que lo pactado en el Acuerdo no se cumplió y afirmaron que algunos residentes del ETCR Miravalle tienen relación de cercanía con los ilegales de la Segunda Marquetalia.
“La verdad es que varios excombatientes se han comprometido con los enemigos del pueblo y por ellos se ha vuelto ese ETCR una zona más de conflicto, donde sin pensar en sus compañeros ex guerrilleros, han vuelto víctimas a sus hijos y familiares”, señalaron los disidentes en el comunicado.
Los ilegales aseguraron que ese ETCR se convirtió en un centro de operaciones de la Segunda Marquetalia y amenazaron con que el lugar se convierta en un escenario de combate. Casi mes y medio después, la situación es preocupante para los firmantes de paz.
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