Una vez se instale el Congreso, el próximo 20 de julio, el presidente Iván Duque deberá presentar la terna para la designación del defensor del Pueblo a la Cámara de Representantes, donde se espera un intenso debate por la nominación.
El elegido debe estar listo a finales de agosto para que durante los primeros días de septiembre pueda estar en posesión del cargo en reemplazo de Carlos Alfonso Negret, quien antes de ser defensor se desempeñaba como secretario ejecutivo del Partido de la U, colectividad que espera mantener la cuota.
Su periodo constitucional será de cuatro años y deberá estar al frente de la defensa de los derechos humanos, del sistema de alertas tempranas y del sistema de defensoría pública.
De acuerdo con Luis Eduardo Celis, asesor de Posconflicto de la Redprodepaz, “el Defensor del Pueblo tiene el mandato constitucional de defender y promover los derechos humanos; en una sociedad con tantas violencias, exclusiones y autoritarismo es clave el trabajo y el liderazgo de esta institución”.
Así mismo, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que “por medio del sistema de defensa pública, la Defensoría del Pueblo presta asesoría judicial y extrajudicial a aquellas personas que no tienen cómo pagar un abogado, con lo que también cumple la función en cuanto a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de todas las personas que están siendo sindicadas o imputadas. Esa función tiende a ser la menos conocida pero no deja de ser trascendental”.
Actualmente el presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo es de 596.953 millones de pesos, de los cuales 551.682 millones son dedicados al funcionamiento y 45.271 millones van a la inversión y la planta de personal, que fue modificada en 2014 para un total de 862 funcionarios y unos 3.800 abogados vinculados al sistema de defensa pública.
El cálculo político
Esta elección será una interesante puja tanto en los partidos políticos como en la Presidencia y en la Cámara.
Como explicó Andrés Felipe Bernal, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad La Gran Colombia, “la Defensoría es la entidad encargada de políticas de promoción y divulgación de los derechos humanos en el país, en orden a tutelarlos y defenderlos, y quien la dirija, debería ser especialista en el tema, en particular en momentos donde la implementación de los acuerdos de La Habana y el asesinato de líderes sociales requieren acciones reales y no una politización de su defensa”.
Sin embargo, Bernal intuye que este no será el criterio para la nominación de la terna ni para la elección: “La elección que se avecina no se trata de un especialista en la materia, se trata de otra puja política por mantener las cuotas burocráticas, especialmente frente a un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso para ternar el idóneo al cargo y necesita de todos los votos que pueda asegurar”.
En lo que estuvo de acuerdo el politólogo Germán Valencia, investigador de Conflicto de la Universidad de Antioquia, quien advirtió: “es la oportunidad de repartir los últimos puestos que le quedan al Gobierno, por lo que los partidos no dejarán pasar la ocasión para ofrecer apoyos a cambio de un lugar en la terna, y el presidente tampoco escatimará en ofrecerle a la Cámara la posibilidad de una elección favorable para los representantes a cambio de apoyos en la siguiente legislatura”.
Y es esa misma burocracia al escoger el defensor del Pueblo, lo que puede incidir en el manejo de la institución. Diego Villamizar, presidente de la Veeduría de Derechos Humanos Operación Libertad, en Norte de Santander, aseguró que “si bien es cierto, es una entidad que ha logrado tener presencia en muchos lugares apartados del territorio y gozan de credibilidad, se convierten en fortines burocráticos que afectan su efectividad de acción a la hora de resultados en la protección de derechos, al final no se logra resultados positivos de los casos, no existe un acompañamiento final en cada caso y no hay continuidad”.
Pero, para el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, la perspectiva es otra. “Criticar que el presidente sea el responsable de una terna es ir en contra del regimen institucional que dicta la Constitución. Aquí no hay alternativa ni podemos basarnos en la doble moral que la terna es buena cuando la elige el presidente al que soy afín y cuando es el contrario no me sirve. Yo sí creo que Duque puede conseguir una terna competente, de personas idóneas que puedan hacer las veces de Defensor del Pueblo y a la vez de Ombudsman (responsable de controlar que los derechos de los ciudadanos no sean avasallados por el Estado)”
¿Qué tan alta queda la vara?
Los analistas consultados evalúan relativamente bien la gestión del defensor Negret. Dicen que salió al territorio como ninguno de sus antecesores lo había hecho, lo que es muy importante para el desarrollo de las comunidades más apartadas. De hecho, según el mismo defensor, durante los cuatro años de gestión fueron más de 25 misiones humanitarias, las últimas se quedaron en veremos por la pandemia. (Ver entrevista)
Para Celis, el papel de Negret fue muy importante a la hora de mediar en conflictos como el de la Minga Indígena y con las protestas de cocaleros en Nariño, las denuncias por reclutamiento de menores de edad que realizan los grupos armados y la visibilización que hizo de los asesinatos de líderes sociales.
Además, Herrera destacó por ejemplo que “para efectos de la contratación de estos defensores públicos, este convocó por primera vez a un concurso público para que se hiciera una designación con muchísima más transparencia. Eso profesionaliza la labor del defensor de oficio. Ojalá eso se pueda continuar”.
Y Medina apuntó que “Negret ha estado en los lugares que debe estar, el protagonismo de una institución es proporcional a la gestión, no ha habido un protagonismo sobresaliente de la Defensoría, ha sido un desempeño formal más no protagónico el que ha tenido este periodo”.
12 %
aumentó el presupuesto de la Defensoría del Pueblo en 2020, en comparación con 2019.
