El médico tolimense y ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha declarado como “petrista pura sangre” públicamente. Es un escudero del presidente Gustavo Petro desde antes de que fuera alcalde de Bogotá y por eso, fue su secretario de Salud durante año y medio de esa administración.
Jaramillo, de 74 años, ha sido congresista, alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima, entre otros cargos, pero quería cerrar su carrera política como alcalde de Bogotá, siguiendo los pasos de Petro. Sin embargo, renunció a sus aspiraciones para reemplazar a la exministra Carolina Corcho porque el presidente se lo pidió.
Desde ese momento, mayo de 2023, Jaramillo ha intentado materializar el criticado modelo de salud que el mandatario quiere para el país. Pero también, según conoció e investigó EL COLOMBIANO, le ha abierto las puertas de esa poderosa cartera a su hermano menor, el exsenador liberal Mauricio Jaramillo Martínez, a través de funcionarios que ocupan cargos estratégicos en entidades adscritas al Ministerio de Salud y al mismo tiempo tienen varios cuestionamientos en su contra.
Los hermanos Jaramillo
Los hermanos Jaramillo
Guillermo y Mauricio nacieron con la política y la salud pública en las venas. Son hijos del exministro de Salud, Alfonso Jaramillo Salazar —en el mandato de Turbay Ayala—, y de la excongresista Hilda Martínez. Ambos, por herencia, militaron en el Partido Liberal, pero el mayor de ellos partió cobijas y se integró al entonces Polo Democrático Alternativo, entre otros movimientos de izquierda.
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Su hermano Mauricio, que es abogado, se quedó en el liberalismo y ocupó un asiento en el Senado durante cuatro períodos consecutivos hasta 2010. Es un peso político del Tolima y junto a su hermano han logrado construir una poderosa maquinaria aceitada en administraciones locales y regionales. No siempre han coincidido políticamente, pero desde que Petro llegó a la Presidencia, los hermanos Jaramillo volvieron a apoyarse para dar el salto nacional a través de cuotas políticas provenientes del Tolima en cargos de relevancia. Esto incluye a figuras en el Congreso como la representante a la Cámara Olga Beatriz González —gerente de la campaña presidencial de Petro en 2010—, quien ha votado positivamente varios proyectos del Gobierno.
Los hermanos Jaramillo representan un sector tradicional al interior del petrismo que opera como cualquier otra casta política de las que tanto critica Gustavo Petro en sus discursos. Son una carta que el Pacto Histórico usa en el Tolima y la región y que, según fuentes del propio grupo, “están listos” para conseguir votos con lista en mano en las próximas elecciones legislativas y presidenciales “por quien toque”.
De hecho, en las pasadas elecciones regionales de 2023, a pocos días de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de Mauricio Jaramillo como candidato a la Gobernación del Tolima con una coalición que incluía al Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal. Para el CNE, Jaramillo estaba inhabilitado porque su hermano ha ejercido en varias ocasiones funciones presidenciales como ministro delegatario.
Aunque fue interpretado como un golpe para el petrismo, sus aspiraciones no se detuvieron. Según varias fuentes, el exsenador Jaramillo tendría la expectativa de llegar al gabinete como ministro de Vivienda en el escenario en que su hermano renuncie como ministro de Salud. Al mismo tiempo, Jaramillo estaría pensando en lanzarse al Senado y dejar como sucesor al cardiólogo Jaime Calderón Herrera, director médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV).
Pero en la estrategia de ese grupo político, según fuentes de su círculo más cercano, también estaría la posibilidad de pedirle al presidente que Jaramillo salte de Salud a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en caso de que Laura Sarabia finalmente pase a la Cancillería o salga del Gobierno. En Casa de Nariño suena con cada vez más fuerza esa versión en la que el ministro competiría con el vicecanciller Jorge Rojas, quien también ha expresado su intención de llegar al Dapre.
Lo cierto es que mientras eso llega a suceder, la maquinaria de los Jaramillo sigue operando en el sector salud. En los pasillos de esas oficinas se les conoce como “los intocables” a los funcionarios cercanos al hermano del ministro. El elemento en común entre esos funcionarios es que todos tienen o tuvieron investigaciones y actualmente cargan con otros cuestionamientos que este diario revela en exclusiva.
El Fondo de Estupefacientes
El caso más grave es el del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) que dirige el químico farmacéutico Milver Rojas, del grupo político de Mauricio Jaramillo, nombrado en junio de 2024. Esta entidad clave, adscrita al MinSalud, “ejerce vigilancia y control sobre la importación, exportación, distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial”. Actualmente, atraviesa desabastecimiento de una decena de fármacos y déficit de recursos, situaciones que se han agravado.
A pesar de su larga experiencia en cargos del sector salud, Rojas estuvo vinculado a un proceso de la Contraloría por presunto detrimento patrimonial en su calidad de gerente del Nuevo Hospital La Candelaria en Purificación (Tolima). La Contraloría encontró motivos suficientes para abrir investigación contra él y otros exfuncionarios y en diciembre pasado la gerencia actual de ese centro de salud cumplió con los pagos acordados del dinero que no aparecía: más de $91 millones, según documentos en poder de este diario.
Sobre su gestión del Fondo hay varios cuestionamientos. A finales de noviembre del año pasado, un excontratista radicó ante la Procuraduría, Contraloría y la oficina de control interno del MinSalud una denuncia por presuntas irregularidades en el FNE que incluye nombramientos de personas que no cumplirían los requisitos para sus cargos y presunto conflicto de interés.
EL COLOMBIANO investigó con fuentes de esa entidad y encontró que esa es apenas la punta del iceberg. El “desorden administrativo” de Rojas, como lo llaman los funcionarios, se ve evidenciado en que, por ejemplo, no ejecutó $5.800 millones que se habían conseguido por parte del Ministerio, teniendo en cuenta que el FNE tiene un déficit de más de $3.000 millones para compras de medicamentos como metadona, metilfenidato y morfina. Esto último fue advertido por la Procuraduría en medio de la crisis de desabastecimiento que incluye a entidades como el Invima.
“El dinero se aprobó a mitad del año pasado y él (Rojas) decidió no recibirla y puso al Fondo en una crisis argumentando que no lo podía ejecutar en ese semestre, pero era urgente que lo hiciera (...) Es curioso porque actualmente no se cumplen varios cronogramas contractuales”, señala una funcionaria.
Además, según varios testimonios y documentos, Rojas estaría reteniendo el pago de algunos contratistas que no son cercanos a él, a tal punto que no les asigna funciones. “A los que no son amigos de la administración nos demoran los pagos”, dice una abogada.
Otro cuestionamiento hacia Rojas es que habría presentado cifras falsas al Colegio de Químicos Farmacéuticos sobre el desabastecimiento de medicamentos. Así le contaron a este diario dos funcionarios que asistieron a esas reuniones del Fondo. “Uno de los asistentes les hizo un reclamo fuerte porque había desabastecimiento de unos medicamentos y ellos (el Fondo) dijeron que todo estaba bien, pero no era cierto. Acá sabíamos que hay desabastecimiento en metadona y el metilfenidato. Y la hidromorfona fue objeto de una circular que la sacó del mercado. De siete u ocho medicamentos que tenía el Fondo, llegó un momento en que no podía ofrecer cuatro”, revela una de las asistentes a la reunión que agrega que el Colegio de Químicos no quiere que esa información se sepa porque tendrían cercanía con el senador del Pacto Histórico, Pedro Flórez, quien es de la línea política del cuestionado Armando Benedetti.
Incluso, hay dos circulares, en poder de este diario en las que el Fondo dice el 19 de junio de 2024 que “está enfrentando varias dificultades con la disponibilidad de algunos medicamentos monopolio del Estado, debido a trámites contractuales que deben completarse al inicio de cada vigencia, incluyendo cotizaciones, importaciones, procesos de fabricación, ejecución de contratos, entrega de materias primas y productos terminados”.
Pero el 23 de julio del mismo año, poco más de un mes después, ya nombrado como director, Rojas firma otra circular en la que dice que “en la actualidad se cuenta con cantidades suficientes para atender la demanda de medicamentos monopolio del Estado, salvo metilfenidato, por escasez de materia prima a nivel internacional”. Pero sus propios funcionarios le dicen a este diario que para ese momento esa información habría sido falsa: “La circular tiene menos de un mes con relación a la que pide buscar alternativas al desabastecimiento; nada se adelantó durante ese mes ni se recibió ningún lote de medicamentos”, insistió otra fuente.
EL COLOMBIANO buscó a Milver Rojas para conocer su versión, pero argumentando que estaba en “un viaje largo” no respondió las preguntas que el medio le hizo.
Las otras cuotas
Además del FNE, los recomendados políticos de Mauricio Jaramillo también estarían en cargos estratégicos del MinSalud y en entidades descentralizadas. A su vez, esos funcionarios tienen sus propias estructuras que se alimentan de favores políticos: “mal contados, el hermano del ministro tiene más de 50 funcionarios cercanos en el sector salud”, dice una fuente de su grupo político que accedió a ser citada sin revelar su identidad.
También en el Ministerio, cercano a al hermano del ministro, está nombrado César Leonardo Picón como jefe de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, quien fue secretario de Agricultura de Jaramillo en la Alcaldía de Ibagué. Poco tiempo después de su nombramiento en esa entidad se prendieron las alertas. Varios sindicatos publicaron un comunicado denunciando presunto acoso laboral adjuntando pruebas de chats y correos. “Dichas actuaciones no solamente podrían estar violentando marcos legales vigentes en Colombia, sino además atentado contra el acuerdo vigente suscrito entre la presente administración y las organizaciones sindicales”, decía el comunicado de los sindicalistas.
Otra ficha de Mauricio Jaramillo sería Gelver Dimas, director del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en Bogotá. Dimas fue gerente del Hospital San Francisco en Ibagué cuando Guillermo Jaramillo fue alcalde. Según investigaciones de la prensa local, Dimas tuvo cuestionamientos sobre su gestión, entre otras cosas, porque habría ocupado dos cargos en la administración como director de salud pública y al tiempo gerente de ese centro hospitalario.
También Andrés Mauricio Troncoso, contratista del MinSalud, es del grupo político de Mauricio Jaramillo. En redes sociales se refería así sobre la inhabilidad de su jefe político impuesta por el CNE: “Las elecciones se ganan en las urnas y no queriendo sacar a un candidato decente por inhabilidades no existentes”.
¿Qué dice Mauricio Jaramillo?
EL COLOMBIANO buscó al exsenador y le envió un cuestionario sobre los temas abordados en esta historia, pero no respondió las preguntas y dijo: “Desde el proceso electoral pasado estoy retirado de cualquier actividad política (...) Con mi hermano tengo una excelente relación familiar y lo aprecio demasiado, pero políticamente hemos estado distanciados desde que se retiró del Partido Liberal. Ni siquiera lo apoyé en su aspiración a la Alcaldía de Ibagué”, manifestó.
Pero, según conoció este diario, luego de que le llegaron quejas al ministro de Salud sobre el papel de Milver Rojas y otros funcionarios “intocables”, el funcionario le habría llamado la atención a su hermano.
De hecho, en la Comisión Séptima del Senado estaría a punto de citarse un debate de control político por desabastecimiento de medicamentos y Jaramillo y Rojas tendrían que asistir a dar respuestas. El propio ministro fue advertido de esta situación. La Procuraduría, según documentos, tiene los ojos puestos en este tema a tal punto que avanza una acción popular en ese sentido.
Varios funcionarios del Ministerio están evitando ese escenario, pero al mismo tiempo sienten molestia por la llegada y protección de esos funcionarios “con ínfulas de intocables y además es que no pertenecen a nuestro proyecto político. No entendemos cómo Jaramillo deja que nombren a gente políticamente conservadora o con cuestionamientos”, dice un funcionario de esa cartera.
Los críticos del ministro le recuerdan que su pareja, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, se desempeña como superintendente delegada para la vigilancia para los prestadores en la Superintendencia de Salud, lo que supone un posible conflicto de interés. En el caso del exsenador Mauricio Jaramillo hay un proyecto de ley que impulsó, pero fue retirado: la “ley nepotismo, amiguismo o enchufismo” que buscaba “establecer inhabilidades tendientes a combatir el nepotismo en la administración pública”. Parece que quedó en el olvido.
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5.800
millones de pesos que Milver Rojas se habría negado a recibir para el FNE.
50
funcionarios harían parte de la estructura política de Jaramillo en el sector Salud.
