El pacto del silencio público que habían alcanzado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro parece que se rompió. Los funcionarios son los protagonistas de un nuevo riferrafe que tiene en medio la eterna discusión sobre el Metro de Bogotá.
La última en aparecer fue la alcaldesa Claudia López, quien explicó si las obras del Metro podrían ser paralizadas por la nueva discusión con el gobierno central y cuál sería el mecanismo jurídico en una eventual modificación del contrato que trazó la primera línea del metro será elevada.
Inicialmente, fue el jefe del Ejecutivo quien indicó que el trazado de la primera línea del Metro podría sufrir algunas modificaciones. Según él, se llegó a un acuerdo con Bogotá para que el sistema de transporte fuera elevado entre el patio taller y la carrera 50 y, a partir de ahí, iniciaría una fase subterránea hasta la calle 100 en el norte de la ciudad.
El anuncio presidencial sacó espinas porque también supondría una eventual parálisis de las obras que ya están en marcha. En todo caso, Petro aseguró que el eventual tramo subterráneo sería licitado por la Nación y que la viabilidad estaba siendo evaluada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, consultor legal del gobierno.
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En efecto, la mandataria capitaliana confirmó que desde el 19 de julio están contratados los servicios de los ingenieros para evaluar la viabilidad de la alternativa que propuso el presidente. Sin embargo, precisó que las obras de lo ya trazado continúan y que no serán paradas.
“Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el Metro y su contrato. Por eso la obra avanza y los estudios que ustedes se comprometieron a hacer comienzan. Eso en relación con lo acordado en la mesa técnica”, detalló López.
La advertencia de Petro es que la construcción del Metro elevado, por la zona más densamente poblada de Bogotá, podría generar un “retroceso de un siglo”. Sin embargo, para que la obra y el contrato se modifiquen como él pretende, habría que recorrer un largo tramo jurídico.
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“Sus conceptos (los del gobierno central) dicen que es viable cambiar el contrato y los nuestros dicen que no. Se acordó que cuando los estudios del Ministerio de Transporte y la Sociedad Colombiana de Ingenieros tengan una alternativa viable conforme a los requisitos de Ley y a la relación beneficio costo, la misma se consultará jurídicamente con el Consejo de Estado”, explicó Claudia López.
Pese a la polémica, los datos de la alcaldía de la capital indican que las obras para construir el viaducto del metro arrancaron en seis nuevos frentes con la dedicación de 4.200 trabajadores. Así, la ejecución de la obra avanza en un 24% y se espera que al finalizar el 2023 el avance sea del 35%.
