La Procuraduría General pidió conocer el seguimiento hecho a Colpensiones y su capacidad de atención una vez rija el nuevo modelo.
A un paso de que en el país comience a regir el nuevo modelo pensional, la Procuraduría General insistió en advertir el riesgo para la población y la incapacidad de Colpensiones para atender la demanda.
Para el Ministerio Público, las dudas no solo tienen que ver con los ajustes en las formas cómo los trabajadores cotizarán para su pensión y cómo se distribuirá ese aporte al sistema pensional, sino con los eventuales riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones, Colpensiones.
Por eso, en las últimas horas el órgano de control solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia detalles sobre el seguimiento hecho a Colpensiones y demás actores del sistema, a propósito de la implementación del nuevo modelo pensional.
La delegada de Asuntos del Trabajo requirió información sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de esta Superintendencia para evitar futuros riesgos.
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Considera el organismo que, de no adelantarse las funciones inmediatas de inspección, vigilancia y control, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos, así como los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.
“Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, precisó la delegada en su comunicación a la Superfinanciera.
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De igual forma, la Procuraduría solicitó adoptar todas las medidas necesarias frente al traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley, con el fin de que esa entidad pueda asumir la administración en materia pensional.
Insistió una vez el órgano de control que Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
