El mandatario ya tiene lista su defensa ante eventuales líos jurídicos tras las declaraciones de Nicolás Petro en el escándalo de corrupción que promete salpicar la campaña presidencial de 2022.
Luego de que su propio hijo orquestara uno de los escándalos más fuertes durante el primer año de gobierno, el presidente Gustavo Petro se ha mostrado presto en cuanto a las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra de su primogénito Nicolás, e incluso ha asegurado que está dispuesto a respetar la independencia judicial y no presionar o referirse a los procesos.
Sin embargo, por el momento esa firmeza podría estar en entredicho puesto que luego de que sorpresivamente Nicolás decidiera declarar que a la campaña de su papá habría entrado dinero ilegal por parte de exnarcotraficantes y polémicos empresarios, a la Comisión de Acusación se sumaron nuevas denuncias en contra del mandatario para que lo investiguen por presunta financiación ilegal, y no es un secreto que Petro ha tenido serios problemas con lo que tiene que ver con el respeto hacia la autonomía judicial.
Un claro ejemplo es la pelea que tiene casada con la Procuraduría en cuanto al poder para sancionar e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Petro insiste en que es una violación a la convención de la CIDH.
Otro pulso es el del mandatario con el fiscal general Francisco Barbosa, a quien incluso en medio de encontrones le ha asegurado que es su propio jefe, cuando en realidad el ente investigador es independiente del Ejecutivo. Ese tipo de disputas ya han llegado incluso a las esferas de las altas cortes que le han recordado al presidente la necesidad de respetar la independencia y autonomía judicial.
Por esos antecedentes es que no es descabellado pensar que Petro podría cuestionar las investigaciones por parte de la Comisión, lo que sería otro ataque a la colaboración armónica entre las ramas del poder.
Además, como se trata de un juicio netamente político, puede que al mandatario le preocupe de entrada no reunir las mayorías en el Congreso. Según la Constitución, ese órgano está conformado por 18 miembros de la Cámara de Representantes, de ellos, el presidente de la comisión, Wadith Manzur, elige 3 ponentes para que lleven el proceso contra Petro. En este caso, esa especie de Fiscalía, estará compuesta por el congresista Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Wilmer Carrillo, del Partido de la U; y Olga Lucía Velásquez, del partido Alianza Verde.
En sus manos estará la decisión de abrir o archivar una investigación oficial al presidente Petro, y la Corte Suprema vigilará el proceso. En el escenario de que le den paso a la investigación formal, serán los 18 congresistas en pleno los que decidan la suerte de Petro en el Gobierno y el curso de su juicio. De ellos, solo 9 son cercanos al mandatario, pero 8 son de la oposición y un voto es independiente. Sin embargo, contra 5 representantes, entre ellos Uribe y Velásquez, corre una recusación en la Comisión por un posible conflicto de intereses, por lo que las cuentas podrían cambiar.
En todo caso, desde ya Petro se prepara ante lo que pueda suceder y por eso designó a Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Corte Suprema, como su abogado para que lo defienda en caso de que la justicia lo requiera. Mientras tanto, Petro insiste en que no presionará y dejará que el “derecho guíe libremente el proceso”, aparentemente.
