Una propuesta inesperada hizo el presidente Petro durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la sección segunda del Consejo de Estado.
Petro lanzó una idea de iniciativa que no pasó desapercibida: la elección de jueces por voto popular. Inspirado en una medida similar adoptada en México, el mandatario explicó que esta podría ser una vía para “enfrentar las tensiones entre la justicia y el pueblo”.
“En México ya lo propusieron. La elección popular de jueces no surge de la nada. América Latina está viendo que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, que deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, afirmó Petro, causando revuelo.
La propuesta ha generado reacciones divididas. Mientras que algunos ven en ella una oportunidad para acercar la justicia a los ciudadanos, otros, expresaron su total desacuerdo.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, le dijo a EL COLOMBIANO que esto violaría la Constitución. “Dicha proposición es contraria a la tradición democrática del país y a la autonomía del poder judicial”.
Para Bernate, modificar la forma de elección de los jueces sería desperdiciar todo el esfuerzo que se hizo en la Constitución de 1991 para que en la Rama Judicial imperara la meritocracia “sin ninguna discusión de carácter político”.
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Si bien considera que es válida la propuesta en sí, “sería someter a la justicia a criterios electoreros” y afirmó que Colombia tiene una Rama Judicial “empoderada e independiente, donde priman los méritos y así debe funcionar”.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), también afirmó que, “esta iniciativa compromete gravemente la independencia judicial y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado Social de Derecho colombiano”, señaló Hernando Herrera, director de la CEJ.
La entidad advirtió que someter a los jueces a elecciones podría distraerlos de su verdadero propósito: administrar justicia, y los expondría a presiones electorales indebidas.
Las declaraciones de Petro llegan en un momento delicado para las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, tensiones que el propio presidente describió como “traumáticas”. Justo ese mismo día, la Corte Constitucional anuló la facultad de contratación directa del Instituto Nacional de Vías (Invías) para la construcción de carreteras regionales, decisión que subraya la creciente fricción entre ambos poderes.
Petro no evitó reconocer la labor de magistrados de la Corte Suprema que investigaron la parapolítica y anunció que, incluso, les otorgará la Cruz de Boyacá. Sin embargo, lamentó que estas voces fueran “silenciadas” por lo que denominó una “contra Constitución”, una referencia a la corrupción judicial que dio paso al escándalo del “cartel de la toga”.
El mandatario aprovechó la ocasión para insistir en que, aunque no sabe si la elección popular de jueces es la solución correcta, es un reflejo del descontento social frente a un sistema judicial que muchos perciben como alejado de las demandas populares.
La propuesta, que en México fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y continuada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado polémica sobre su impacto en la independencia judicial y el riesgo de politización del sistema de justicia.
Las próximas semanas serán clave para ver cómo evoluciona el debate en torno a esta propuesta y si el gobierno de Petro seguirá adelante con una medida que podría reconfigurar profundamente el sistema judicial colombiano, o si, como él mismo sugirió, será necesario reconsiderar su viabilidad en el contexto nacional.
