Tras varias horas de retraso, desde la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Hizo referencia a dos exfuncionarios de su Gobierno: “ellos cayeron en la tentación de salvar sus penas, acusando”, refiriéndose al exdirector de la entidad, Olmedo López, y al exsubdirector, Sneyder Pinilla, quienes han “prendido el ventilador” salpicando a varios funcionarios del Gobierno.
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La acusación del presidente fue directa, aunque no mencionó explícitamente a los abogados José Luis Moreno y Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado por el cartel de la toga. “Unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos. Y algunos están extorsionando funcionarios bajo la tesis construida periodísticamente de la señora de siempre, de que el presidente compró con dinero público congresistas para aprobar las reformas. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe”, dijo Petro en uno de los escenarios del evento llamado Gobierno con el pueblo, al que la administración le apuesta esta semana para reunirse con ciudadanos de las ciudades capitales.
”En el pasado hicieron suicidar a un coronel de la Policía y estaban diciendo que lo habíamos mandado a matar nosotros en la prensa. Ahora están haciendo algo peor. El que la hace la paga pero no se van a limpiar con mi dignidad porque yo he luchado mucho para que aquí vengan con ese cuentico sabiendo que lo que quieren es frenar las reformas en favor del pueblo en el Congreso de la República”, agregó.
El mandatario le envió ese mensaje a la vicepresidenta Francia Márquez, que minutos antes había dicho en el mismo evento que era inaceptable ver a funcionarios del Gobierno robándose recursos públicos. Esta es la salida más directa del presidente hasta ahora sobre el escándalo más agudo de corrupción en su administración en las puertas de una declaración de Olmedo López a la Fiscalía. Esta sucederá este martes a las nueve de la mañana, luego de que el abogado José Luis Moreno radicó oficialmente la solicitud del principio de oportunidad a la fiscal Luz Adriana Camargo.
De la información de López hasta ahora solo se conoce que entregaría el nombre de Carlos Ramón González, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y quien era el jefe del Departamento Administrativo de Presidencia para el momento en el que se dio el contrato por 46.800 millones de pesos de los 40 carrotanques en La Guajira.
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Sneyder Pinilla también declarará esta semana, pero en su caso la protesta de matriz de colaboración ya tiene varios nombres expuestos, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Ambos resultaron acusados de haber recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos en su orden supuestamente con destino de las elecciones regionales de octubre. Ambos exfuncionarios de la UNGRD han hecho saber a través de sus abogados que conocen más información sobre otras personas de altos cargos en el Gobierno sobre las cuales delatarán supuestas conductas corruptas.
El presidente había elegido tener una línea de respuesta más moderada pidiendo la salida de funcionarios de la rama Ejecutiva que estaban relacionados con las declaraciones, y así había ocurrido hasta el viernes pasado. Pero en un giro inesperado se conoció este lunes que el secretario de Transparencia de Casa de Nariño, Andrés Idárraga, se quedará en su cargo. La cabeza que sí cobró el escándalo fue la de la ex consejera para las regiones, Sandra Ortiz, con poder político en Boyacá y que había organizado los viajes del mandatario a los eventos con ciudadanos por todo el país. Ortiz fue mencionada por Pinilla por ser presuntamente la mensajera de Name para la entrega de los 3.000 millones de pesos en el Congreso.
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