A través del Decreto 616 de 2020, el Ministerio de Defensa llamó a calificar servicios a un grupo de coroneles del Ejército por presuntas irregularidades al interior de la institución. La salida de los miembros de la fuerza pública se da en medio del escándalo que se ha presentado por la denuncia de supuestos seguimientos ilegales a periodistas, políticos y defensores de Derechos Humanos.
De acuerdo con la resolución, que fue firmada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se retiró de la institución a los coroneles Milton Eugenio Rozo Regado, Hugo Armando Díaz Hernández, Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros y Helmon René Ramos Naranjo. Los mayores del Ejército que también fueron retirados son Eduardo de la Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias.
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Antes de conocerse este decreto, el presidente Iván Duque pidió investigar a fondo y sanciones severas contra los 11 militares que habrían adelantado estas chuzadas ilegales.
“Tras instrucción dada al ministro de Defensa, destaco que investigaciones estén produciendo resultados. Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”, escribió Duque desde su cuenta de Twitter.
El mandatario también escribió que “he dicho, desde inicio de mi gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí al ministro Carlos Holmes Trujillo, desde que llegó al Ministerio de Defensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”.
Lo que dice la defensa del general Nicacio Martínez
Ante la presunta responsabilidad que pudo haber tenido el entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en las supuestas chuzadas, su abogado, Jaime Granados, emitió este domingo un comunicado.
Granados indicó que luego de que Semana publicó un informe titulado ‘Chuzadas sin cuartel’ en enero pasado, se dio vía libre a investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, en las cuales hasta ahora “ninguna parece obrar prueba de chuzada y no se han pedido siquiera explicaciones al general Nicacio de Jesús Martínez”.
Señaló que “las supuestas interceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad parecen existir solo en las publicaciones de Semana, porque no se evidencia que lo corroboren”. Igualmente sostuvo que ninguno de los uniformados que fueron vinculados por la publicación responsabilizó al general Martínez.
Nuevas reacciones
Sobre este caso, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) rechazaron las supuestas interceptaciones irregulares por parte del Ejército a periodistas nacionales e internacionales durante varios meses.
“Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del Ejército colombiano”, aseguraron en un comunicado conjunto las dos organizaciones.
“Solicitamos garantías de seguridad para los periodistas Federico Ríos, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Andrés Cardona, Stephen Ferry, Christian Escobar Mora, Ernesto Mercado y otros colegas, y organizaciones periodísticas, como Rutas del Conflicto, que fueron vulnerados en su derecho a la intimidad y su ejercicio periodístico”, se precisó en el comunicado.
Agregaron que los hechos expuestos son inaceptables e hicieron énfasis en que el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional sabían, al menos desde el 13 de enero pasado, de estas acciones contrarias a la ley, pero nunca informaron de la situación a los directos afectados.
Pidieron al Ministerio de Defensa que revele cuál unidad realizó las labores de inteligencia, bajo cuáles órdenes, con cuáles fines y quiénes eran los destinatarios de dicha información. Además, solicitaron a la autoridad que entregue a los periodistas afectados una copia total del contenido interceptado y que se les notifique las acciones que tomarán las autoridades para que cesen estas prácticas.
De igual forma, respaldaron la solicitud hecha por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) de pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 4 de marzo, para que “active las medidas de protección cautelar interamericana sobre los periodistas y medios perfilados por los organismos de inteligencia militar del Estado colombiano”.
“Solicitamos a la Revista Semana que los datos personales de periodistas víctimas de las prácticas ilegales del Ejército Nacional sean revelados de común acuerdo, o con la autorización, de los involucrados. Expresamos nuestra preocupación por la vulneración al Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH en cuanto a la reserva de la fuente periodística, dado que la confidencialidad se constituye en factor fundamentalmente de la información de interés público”, expresó la organización.
Los periodistas también consideraron que esas actuaciones “constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia”.
Finalmente, también solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General adelantar las investigaciones y sanciones a que haya lugar.
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A su vez, el partido Farc recriminó la nueva operación de presunto espionaje masivo del Ejército. A través de un comunicado, la colectividad cuestionó que periodistas, investigadores sociales y políticos hayan “sido blanco de seguimientos y hostigamientos por parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia militar”, mientras que los líderes sociales y los excombatientes se encuentran sin protección.
En la comunicación, la Farc pidió al Gobierno “aclarar lo sucedido, incluyendo responsabilidades políticas” y aseguró que “los entes de control deben garantizar la transparencia en las investigaciones”.
“Este nuevo escándalo nos obliga a insistir en la urgencia de un debate nacional sobre la doctrina militar y de seguridad del Estado, que supere la idea del enemigo interno”, manifestó la colectividad.
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