El gobierno saliente del presidente Iván Duque enfrentó grandes desafíos en materia de seguridad, varios de los cuales no logró superar al final del cuatrienio.
Si bien la política de seguridad y defensa fue una de sus banderas, la realidad callejera y las encuestas reflejaron un descontento generalizado de la población con respecto a estos ítems. A continuación, un breve repaso de los puntos más críticos:
1. Crímenes contra líderes sociales
Este fue uno de los fenómenos por los que más criticaron al gobierno de Iván Duque a nivel local e internacional. Según Indepaz, entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2022 fueron asesinados 107, y entre 2018 y junio del presente año el consolidado fue de 930.
Las cifras de las instituciones no gubernamentales difieren de las oficiales. En enero de 2022 la Fiscalía reportó que había logrado esclarecer el 68,35% de esos asesinatos, es decir, 285 de los 417 casos que investiga en el marco de ese fenómeno.
Las quejas de los propios líderes van más allá de estos avances en la investigación judicial, y siguen reclamando mayor efectividad en la prevención y protección, pues muchas de las víctimas habían denunciado amenazas ante de los atentados.
2. Reducción del homicidio
El pasado 13 de julio el director de la Policía, general Jorge Vargas, reportó que al final de este Gobierno se entregará “la tasa más baja de homicidios de los últimos 47 años: 25,2 por cien mil habitantes, promediando el cuatrienio”. El oficial destacó que hay 388 municipios sin homicidios y 377 con reducción en sus tasas de este indicador.
En dicho aparte se destacan sectores que antes aportaban muchos homicidios, como el Valle de Aburrá y el Bajo Cauca, donde hay una notable disminución de muertes violentas.
A pesar de esto, hay zonas con presencia de actores armados ilegales en las que la zozobra sigue a la orden del día, como el Catatumbo, el Norte de Antioquia, el sur de Chocó, el eje Cauca-Nariño y los departamentos de Arauca y Putumayo. En estos lugares se presentan continuos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el ELN y Clan del Golfo.
3. Erradicación de cultivos ilegales
El gobierno de Iván Duque recibió de manos de su antecesor una situación crítica en materia de cultivos de coca: 169.000 hectáreas sembradas, según el monitoreo de la ONU. A 2020 esa cifra bajó a 143.000 hta, según la misma entidad.
El gobierno de EE.UU., que publica cifras mucho más elevadas que las de la ONU, indicó en su Informe Anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas que entre 2020 y 2021 los sembradíos ilícitos bajaron de 245.000 hta a 234.000 hta.
Pese a que ambos organismos registran la disminución en los cultivos, es claro que siguen siendo cifras muy elevadas, por lo que Colombia conserva el primer lugar como productor y exportador de cocaína a nivel mundial.
Vale la pena aclarar que esta erradicación se hizo de manera manual, forzada en algunos casos, y concertada con los campesinos en otros, pues durante los cuatro años estuvo vigente la prohibición legal de fumigar con glifosato por vía aérea.
4. Combate al crimen organizado
Con el auge del narcotráfico, las estructuras de crimen organizado pulularon en áreas urbanas y rurales. Aunque la Fuerza Pública propinó duros golpes a “los Caparros”, “los Puntilleros” y “los Pelusos”, hoy siguen activas las bandas que desde hace más de una década dominan el negocio ilegal en el país: “la Oficina”, “los Pachenca” y “la Cordillera”, al igual que otras que durante los últimos años cobraron mayor importancia en el mercado de las drogas, como “los Costeños”, “la Local”, “el Mesa” y “los Mexicanos”.
Pero de todas ellas, la mayor deuda está en el propósito de desmantelar al Clan del Golfo. La captura y extradición de su máximo cabecilla Dairo Úsuga David (“Otoniel”) fue un logro político destacable del gobierno Duque; no obstante, ese cartel narcotraficante sigue vigente, con más de 3.000 integrantes en su nómina y ejecutando acciones de terrorismo y planes pistola contra la Fuerza Pública.
5. Objetivos de alto valor estratégico
El Ministerio de Defensa desarrolló una estrategia contra los principales jefes del crimen organizado y el terrorismo, que denominó “los Símbolos del Mal”. Esto incluyó una persecución mediática, volanteo, asignación de millonarias recompensas y de grupos especiales de investigación para localizarlos.
En la lista de “Símbolos del Mal” estuvieron cabecillas del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, “los Caparros”, “los Pelusos” y “los Puntilleros”.
En todos esos grupos la Fuerza Pública logró bajas y capturas de relevancia, entre las cuales se destacan: “Iván Mordisco”, “Guacho”, “Ariel” y “Cabuyo” (disidencias); “Pirry”, “Uriel” y “Fabián” (ELN); “Otoniel” y “Marihuano” (Clan del Golfo); “Caín” y “Flechas” (“los Caparros”), entre otros.
Otros blancos fueron eliminados en confusos hechos al otro lado de la frontera venezolana, que algunos atribuyen a combates entre criminales, y otros no descartan la participación de las Fuerzas Especiales colombianas: “Jesús Santrich”, “el Paisa”, “Gentil Duarte” y “Romaña”.
La gran deuda en este punto fue el Comando Central del ELN (Coce), cuyos integrantes, refugiados en el exterior, sobrevivieron a otro cuatrienio de persecución.
6. Seguridad ciudadana
La percepción de inseguridad en las principales capitales de Colombia no mejoró durante el cuatrienio. En Medellín, Cali y Bogotá los reportes oficiales hablan de incrementos en las modalidades de hurto a personas, hurto de motos y atracos a establecimientos públicos.
Los expertos han señalado que en esta situación inciden dos fenómenos sociales: el impacto económico y el desempleo generado por la pandemia, que impulsó a muchas personas a robar; y la migración venezolana, que - sin ánimo de estigmatización – también se relaciona con el aumento en los robos.
Aunque hubo promesas para incrementar el pie de fuerza policial y los dispositivos tecnológicos para la vigilancia, los recursos no fueron suficientes para llenar estos vacíos. A esto se suman una deficiente estrategia para disminuir la extorsión, tanto carcelaria como callejera, así como los robos y extorsiones cibernéticas.
