Atrás quedaron los días en que los indígenas que viven en las riberas de los ríos Bojayá y Uva podían subir a lo alto de las montañas a cosechar su pancoger. Muchos de ellos llevan ocho meses sin poder darle vuelta a la tierra que les pertenece porque están sembradas con minas antipersonal que han puesto el Eln y el clan del Golfo, quienes se disputan esos territorios.
Estas son comunidades que tienen gran arraigo y una alta resistencia al desplazamiento, por lo que prefieren confinarse que abandonar su viviendas. Desde entonces están condenados al encierro y al hambre, porque no pueden utilizar ninguna de las formas que conocen para subsistir: ni la pesca, ni la recolección, ni la cosecha, ni la caza.
Inicialmente eran nueve comunidades conformadas por 483 familias (2.425 personas), las que estaban en máxima alerta tras haber recibido anuncios de la Compañía Néstor Tulio Durán del Eln acerca de los artefactos instalados en sus comunidades, en un intento por resistir el avance del Frente José Montalvo del clan del Golfo (también conocido como las Autodefensas Gaitanistas), que la está haciendo replegar hacia Bahía Solano.
Pero la semana pasada murió, producto de la explosión de una mina, Máximo Baquiaza Rubiano, de 44 años, indígena de la comunidad Chanú, del resguardo Alto Río Bojayá. (Ver paréntesis)
El martes 22 de febrero los hijos de Baquiaza se encontraron con el artefacto explosivo y comenzaron a jugar con él. “Sin conocer su uso, se lo pasaron a su padre, quien lo manipuló y este accidentalmente estalló, causando de manera instantánea la amputación de su pierna, el brazo izquierdo y unas heridas de gravedad que pocas horas más tarde le produjeron la muerte”, explicó la Asociación Orewa (Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígena, Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Dule del departamento del Chocó).
Como consecuencia 10 comunidades se desplazaron y otras confirmaron su confinamiento. Yaselly Moreno Ortíz, personera de Bojayá, aseguró a EL COLOMBIANO que “en este momento tenemos 24 comunidades confinadas y 10 desplazadas, en total son 1.268 familias afectadas, más de 4.000 personas. Hay una emergencia humanitaria que desborda las capacidades locales, todas las comunidades están pidiendo protección, pues tienen miedo. En realidad están muy afectados psicológicamente”.
El llamado es al Gobierno Nacional, departamental y local para que realice acciones urgentes de protección colectiva para los territorios indígenas del Chocó, de manera concertada con las autoridades indígenas, para hacer frente a los grupos armados que generan un grave riesgo y amenaza a la vida y tranquilidad de las comunidades indígenas.
La Asociación Orewa instó a los grupos armados “a respetar y excluir a la población indígena de la confrontación armada, los territorios indígenas son sagrados y no deben ser usados para sembrar minas antipersonal”. Y al Gobierno Nacional, departamental y local les pidieron que realicen acciones urgentes de protección colectiva para los territorios indígenas.
El alcalde de Bojayá, Edilfredo Machado, alertó de la preocupante situación de estas comunidades: “Yo no alcanzo a cubrir el tema de la alimentación porque ellos tienen muchas necesidades, entre ellas alimento, kit de habitabilidad y medicinas”.
Por eso la Alcaldía solicitó ayuda a la Gobernación de Chocó, al Gobierno Nacional y a la Unidad para las Víctimas para entregar ayudas humanitarias y evitar que la población se desplace al casco urbano.
Atención humanitaria
El alcalde Machado explicó que esta semana llevará a 12 comunidades la ayuda urgente, que consiste en un kit alimentario de $120.000 por familia, para una inversión aproximada de $150 millones, contando el combustible que es lo más costoso, ya que algunas poblaciones están a un día de recorrido por los ríos.
Este lunes la Unidad para las Víctimas empezó a repartir ayudas humanitarias a las 126 familias (595 personas) de las comunidades Unión Cuití y Unión Cuití Central, confinadas desde octubre de 2020.
“Ahora tenemos una nueva situación con 1.991 familias (8.574 personas), muchas de ellas desplazadas en Nuevo Olivo y Nambu, y 46 comunidades confinadas. Nosotros nos encontramos gestionando y haciendo la articulación con el Programa Mundial de Alimentos para que ellos puedan por subsidiaridad atender inicialmente la emergencia”, explicó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Chocó, Vanessa Palacios.
De acuerdo con su explicación, en el municipio de Bojayá han sido reiterados los desplazamientos y confinamientos y todos han sido acompañados por la Unidad. “En la atención el primer respondiente es el Municipio, luego la Gobernación y después la Unidad, así que estamos en los tiempos establecidos para dar respuesta”, señaló.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha ido en dos oportunidades en menos de tres meses, la primera vez fue en diciembre cuando les compraron más de 30.000 plátanos a las 9 comunidades de Alto Bojayá y Uva, y les facilitaron el acceso a proteína (pollos vivos, pescados, queso y huevos) con el objetivo de que tuvieran alimento asegurado en Navidad, como contó Diana Villa, responsable Regional de la Unidad de Seguridad Económica del CICR.
Posteriormente fueron a Nuevo Olivo, que es la comunidad receptora de la población desplazada de la Tagua, “ellos están en confinamiento, se trata de 17 familias que recibieron a otras 42. “Allí entregamos un apoyo a las dos comunidades: un paquete alimentario con un enfoque diferencial asociado a la dieta étnica con un contenido más alto de arroz, lenteja y proteína, y les garantizamos acceso a productos de aseo, ropa, elementos para mejorar los tambos que le cedió la comunidad receptora”, detalló Villa.
En total este organismo humanitario ha invertido $90 millones en la atención a estas comunidades. “Nuestra prioridad es brindarles asistencia y aliviar, en parte, ese sufrimiento. A todos los actores armados les recordamos su obligación de respetar las normas humanitarias”, dijo Otchoa Datcharry, jefe de la subdelegación Medellín del CICR.
El contexto del conflicto
La Defensoría del Pueblo había advertido de la situación desde abril de 2019, por medio de la Alerta Temprana 17, en la cual expuso que en Bojayá “existen importantes caminos ancestrales y cuencas hidrográficas, a través de las cuales se establecen importantes corredores de movilidad desde los que es posible acceder a la subregión del Bajo Atrato y la salida a la Costa Pacífica chocoana”.
Esto explica que esos territorios hayan sido utilizados durante los últimos años por las Agc, el Eln y en su momento las Farc para el movimiento y abastecimiento de unidades militares, así como lugar propicio para el tránsito y tráfico de armas, insumos, pasta de coca y cocaína.
“Adicionalmente, la existencia de importantes recursos maderables en el municipio de Bojayá, así como la escasa presencia institucional en amplias zonas rurales del territorio, han incentivado la captación de rentas provenientes del tráfico y transporte irregular de madera por parte de diversos grupos armados ilegales”, dice la alerta.
El ministro de Defensa, Diego Molano, sostuvo la semana pasada que “es ese narcotráfico que al final ciega la vida de los líderes sociales y de los indígenas como ha sucedido con las minas colocadas en veredas del Chocó”.
Molano anunció que un pelotón de la Séptima División del Ejército entró a la zona con un grupo de desminado militar, “de modo que con el desarrollo de sus actuaciones se pueda garantizar que no se dé el confinamiento”, agregó Molano. La Fuerza Pública avanza en la contención de la amenaza armada y logró la semana pasada la desmovilización de siete miembros del Eln.
115
resguardos indígenas hay en Chocó, según el Igac, de ellos 10 están en Bojayá.
