El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se comprometió a dejar de secuestrar con fines extorsivos durante seis meses: tiempo que dura la última extensión del cese al fuego bilateral pactada con el Gobierno nacional, que fue anunciada en la noche de este lunes 5 de febrero.
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Este acuerdo se dio a conocer después del cierre del sexto ciclo de la mesa de negociación y diálogo con esa guerrilla, que dio como resultado la extensión del alto al fuego que se extenderá hasta el 3 de agosto.
“El ELN, para contribuir al desarrollo del CFBNT (Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal), suspende de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico”, dijo el grupo guerrillero sobre la práctica que se conoce también como secuestro extorsivo.
Las partes en la mesa de negociación anunciaron que los avances de esta prórroga se evaluarán en el séptimo ciclo de conversaciones que se realizará en abril.
Desde que comenzaron las negociaciones, el secuestro ha sido uno de los puntos más álgidos, ya que gran parte de los vectores políticos y civiles de Colombia le había planteado al Gobierno la necesidad de exigir a este grupo insurgente que liberara a todos los secuestrados, como un prerrequisito para la continuación de los diálogos.
De hecho, la delegación negociadora de la guerrilla del ELN con el gobierno de Gustavo Petro, había dicho en diciembre que no estaba interesada en dejar de cometer secuestros, pese a las exigencias del gobierno para sentar un precedente sobre este punto y el llamado de organizaciones civiles y la misma iglesia.
Entre tanto, a Defensoría del Pueblo dio a conocer que en el primer año del cese al fuego pactado con grupos armados en Colombia fueron cometidas 236 violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En palabras del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, “se registraron 236 acciones violentas, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario”.
Dichos datos fueron recopilados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023.
Al referirse a acciones directas la Defensoría explicó que se trata de hostilidades entre la fuerza pública y los grupos armados involucrados en los decretos del cese, mientras que las indirectas son aquellas ejercidas por las organizaciones armadas ilícitas que atentan contra los derechos humanos y violentan lo establecido en el derecho internacional humanitario, cuyos afectados son los civiles.
En el primer caso los departamentos más afectados fueron Cauca (21 hechos), Huila (4), Valle del Cauca (3), Nariño (2), y Antioquia, Arauca, Guainía y Guaviare con una acción directa en cada zona.
“Del total, 32 fueron cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc (94%), y hubo un hecho atribuible a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, reza un comunicado del organismo.
En el segundo, se le atribuye igualmente la mayor responsabilidad al EMC FARC, con un 58%. “Le siguieron el ELN, con el 20%; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Clan del Golfo, con el 8%, y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, con el 7%. El 7% de los casos no pudo ser esclarecido”, señaló el Defensor del Pueblo.
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