La situación en Norte de Santander y Cesar se ha vuelto alarmante. La Defensoría del Pueblo emitió una reciente Alerta Temprana de Inminencia para las subregiones de Catatumbo, La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), pues enfrentan una creciente amenaza debido a la expansión de la disidencias de las Farc, especialmente el Frente 33, que busca extender su influencia y control en estas regiones.
La Defensoría ha señalado que esta expansión representa un peligro inminente para los derechos fundamentales de los habitantes, especialmente para niñas, niños y adolescentes, quienes podrían ser víctimas de reclutamiento forzado por estos grupos armados.
Los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño, junto con el Frente Raúl Reyes, también han sido identificados como amenazas significativas, pues se conoce que estos también buscan presencia y se disputan las comunidades en la parte alta de los municipios de La Esperanza y San Alberto. Los corregimientos de Planes, Trinidad y Fundación se encuentran en la mira de estos actores armados.
La alerta ha sido emitida en respuesta a la intensificación de actividades criminales en la región, que incluyen homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal, confinamientos, desapariciones, hurtos y reclutamiento forzado de menores.
La Defensoría del Pueblo ha subrayado la urgencia de tomar medidas concretas para prevenir y mitigar estos riesgos, instando a una respuesta integral por parte de las autoridades nacionales y departamentales para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en la protección de sus ciudadanos.
En paralelo, las disidencias de Iván Mordisco ha denunciado enfrentamientos con sus rivales, acusando a miembros del grupo liderado por “Calarcá” de ataques paramilitares que resultaron en la muerte de cuatro guerrilleros, uno de ellos desarmado y de civil.
En un comunicado, el grupo de Iván Mordisco ha emitido amenazas a las comunidades locales, advirtiendo que aquellos que colaboren con el bando contrario serán considerados objetivos.
“Hemos mantenido una política de no agresión en medio de la retoma de áreas, hemos dicho a la gente que si no quieren trabajar con nosotros, por lo menos se mantengan neutrales sin apoyar a los fraccionalistas, pero con profundo dolor vemos que algunos prefieren las migajas que les prometen (...) Si alguien en el área está trabajando con los fraccionalistas, o está administrando predios o negocios de ellos, les decimos que es mejor que salgan antes que la confrontación los alcance”, advirtieron.
Esta situación se complica aún más con la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la región, quienes fortalecen su influencia con el Bloque Aristides Meza Páez y el Frente Edgar Madrid Benjumea en el sur del departamento de Bolívar.
El presidente Gustavo Petro autorizó recientemente los diálogos con las AGC, marcando el inicio de una nueva ronda de negociaciones con este grupo armado. El pasado 22 de julio de 2024, el gobierno reconoció a seis miembros de las AGC como representantes para el diálogo, y solicitó a las autoridades que suspendieran las órdenes de captura, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo», quien está buscado por narcotráfico en Estados Unidos.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente para implementar medidas integrales de protección y prevención, para salvaguardar los derechos fundamentales de los civiles y evitar que las conductas vulneradoras de derechos se materialicen en esta región tan afectada por el conflicto armado.
