La información proporcionada por el senador Roy Barreras, durante el debate de moción de censura contra el ahora exministro de Defensa Guillermo Botero, hizo insostenible al funcionario en su cargo.
El bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc en el que murieron ocho menores de edad, según lo confirmaron este miércoles la Fiscalía y Medicina Legal, era lo que faltaba para que la silla que se tambaleaba desde el segundo trimestre cayera.
En la mañana del 6 de noviembre, atornillado a su puesto, Botero justificó, junto a la cúpula militar, las decisiones que llevaron a la operación del pasado 29 de agosto. Sin embargo, la convicción no le alcanzó y luego de una reunión con el presidente Iván Duque, dio un paso al costado.
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“Es mi deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política, por lo que he decidido presentar renuncia al cargo de Ministro”, dijo en su dimisión.
Detrás de su puesto, por los constantes yerros y encubrimientos, estaba la oposición. El 13 de junio pasado salió estoico de un debate de moción de censura en el que se le mostró un artículo del New York Times que hablaba de una circular, emitida desde la comandancia del Ejército, que representarían un aumento en las órdenes de letalidad, que podrían poner en riesgo a los civiles.
A esto se sumaron más críticas. La muerte de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc en Catatumbo (Norte de Santander), quien fue asesinado por un miembro del Ejército. Homicidio que según el fiscal del caso fue ordenado por el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, como reveló recientemente la revista Semana, era hasta el martes la más contundente.
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En este caso el ministro había dicho que se trataba de un forcejeo o de una refriega, días después el entonces comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Villegas, pidió perdón a la población por la insubordinación del militar implicado: “Mataron a un miembro de la comunidad y lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante debe venir a poner la cara”, fue lo que dijo Villegas.
Para ese momento, en el primer intento de moción de censura, el ministro sumó el apoyo de 121 congresistas, mientras 20 estuvieron en contra.
Pero empezaron a conocerse detalles de otras operaciones militares que no salieron bien. En Arauca, el 6 de mayo, asesinaron a José Albeiro Chaparro (26 años) y Eliecer González Chaparro (23); mientras que en Nariño, el 26 de marzo, perdió la vida Tomás Solís Valencia. A los tres los presentaron como muertos en combate, pero sus familias, negando esta acusación, denunciaron que fueron sacados por militares de sus propias casas.
En la seguidilla está el informe entregado por el presidente Iván Duque a las Naciones Unidas, con el que pretendía denunciar la presencia de las disidencias de las Farc y del Eln en Venezuela. En el documento aparecieron cuatro fotos descontextualizadas, que fueron tomadas en Colombia, pero presentadas como si fueran en Venezuela. La primera de esas fotos, publicada por EL COLOMBIANO en 2015. La denuncia terminó en vergüenza.
Adicional a los cuestionamientos, la ausencia del Estado, alrededor de la grave situación humanitaria del Norte del Cauca, que debía haber sido controlada por la Fuerza Pública fue cogiendo ventaja y las masacres se acumularon en los registros. Aún no hay control de la zona.
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El campanazo final lo recibió con la denuncia del senador Barreras, durante el segundo debate de moción de censura, realizado el pasado martes. Se trató de un operativo “estratégico, meticuloso, impecable y con todo rigor”, como lo presentó el presidente Duque el 30 de agosto, al anunciar que en el bombardeo había muerto alias “Gildardo Cucho”, cabecilla de la disidencia del frente 7° de las Farc. En el hecho murieron ocho menores de edad, entre ellos una niña de 12 años. Esa información no se había hecho pública.
La balanza, tras la denuncia, se inclinó en contra del funcionario, los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U habían anunciado su votación a favor de la moción de censura, a ellos seguramente se le sumarían los partidos de oposición: Verdes, Farc, Polo y Colombia Humana, para completar 67 votos.
Al presidente, que lo ratificó en varias ocasiones, no le quedó más que aceptar la renuncia del ministro y encargó en el Ministerio al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro. No obstante, es posible que Botero no se haya librado de convertirse en el primer ministro en la historia de Colombia de ser removido de su cargo en el legislativo. (Ver qué sigue)
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Nada pasa si no cambia la política
“No puede ser sólo que renuncie el ministro. Debe renunciarse a una política de falsos positivos como consecuencia de exigir resultados y premiar por ellos. La depuración debe ser mental al interior de las políticas de seguridad y Derechos Humanos. Mientras tanto no hay confianza”, expresó Leonardo González, investigador del Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz.
Según la representante a la Cámara Juanita Goebertus (verde), que “el presidente haya aceptado la renuncia del ministro es un paso en la dirección correcta”, pero consideró que no es suficiente: “Es necesario cambiar al comandante del Ejército (general Nicacio Martínez). Él fue quien tomó decisiones gravísimas de transformación de la doctrina militar premiando incentivos perversos y reduciendo la calidad de la inteligencia”.
Ahora la tarea es elegir a un ministro prudente al hablar, contundente y amparado en el DIH.
