El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa elaborar en un plazo de dos meses una circular en la que se agrupen los puntos principales del Informe Final presentado públicamente por la Comisión de la Verdad el pasado 28 de junio.
El Ministerio tendrá que desarrollar una estrategia pedagógica y de sensibilización para divulgar lo que hizo el equipo de la Comisión en el tercer capítulo que retrata las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y en el que se hace mención de las llamadas ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos selectivos.
En dicho apartado el equipo de la Comisión profundiza en la responsabilidad que tuvieron los miembros de la fuerza pública en las ejecuciones a civiles para “ganar la guerra a cualquier costo”, como se lee en el informe.
Algo que, según destacada el informe, favoreció el crecimiento de muertes violentas para presentar civiles como si hubieran pertenecido a grupos armados ilegales muertos en combate, muertes violentas dentro de los propios grupos guerrilleros, muertes violentas de modo individual de civiles vinculados con los partidos políticos y movimientos sociales y muertes hasta de ciudadanos del común.
El Consejo de Estado tomó esta decisión después de estudiar el caso de una ejecución extrajudicial en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander. El nombre de la víctima era Álvaro Guerrero Melo y salió de la casa de su madre para el corregimiento Guamalito donde iba a recoger un mercado.
“El 10 de septiembre, ante la desaparición del señor Guerrero Melo, sus familiares se comunicaron con la Morgue de Ocaña y allí identificaron su cuerpo. Según información oficial, Álvaro Guerrero Melo había fallecido en un enfrentamiento con el Ejército Nacional”, se lee en la decisión.
Pero, el enfrentamiento nunca se dio, pues Melo fue víctima del Ejército Nacional que además de retenerlo, lo torturó, y activó sus armas de dotación para asesinarlo cuando se encontraba en estado de indefensión total, para presentarlo como resultado positivo de una baja de miembros de grupos ilegales, dictaminó el Consejo de Estado.
Por esto, fue solicitado que se declarara responsable patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional, y pidió la elaboración de un circular informativo, firmado por el ministro de Defensa y del Comandante de las Fuerzas Militares, para que se difundan y conozcan a fondo los casos ligados a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, incluyendo el caso de Álvaro Guerrero Melo.
“La circular que deberá ser distribuida dentro del mes siguiente mediante correo electrónico a cada integrante de la Fuerza Pública del territorio nacional”, puntualizó la decisión.
