En un hecho sin precedentes, un juez penal especializado de Manizales condenó a 50 años de prisión a tres exintegrantes de la Policía Nacional que participaron en el secuestro, tortura y posterior asesinato de un hombre, en hechos ocurridos el 8 de enero de 2011, entre Manizales y Palestina (Caldas).
Los condenados son la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente. Igualmente, sentenció a 49 años de prisión al exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del Gaula en Risaralda.
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Además de declararlos culpables por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado, los responsables tendrán que pagar multas que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.
Los hechos que generaron una de las condenas más altas en el país, sucedieron en la mañana del 8 de enero de 2011, cuando el capitán Cáceres Carrillo y una uniformada, se trasladaron en un vehículo hasta un restaurante en Manizales.
A pesar de estar en un área fuera de su jurisdicción, el oficial retuvo a un hombre que departía en el lugar. La víctima fue golpeada en varias oportunidades e inmovilizado con un dispositivo eléctrico tipo Taser, mientras era trasladado en varios carros.
Finalmente, quedó en otro vehículo que conducía el subintendente Ladino Montoya, el cual fue abandonado e incinerado en zona rural del departamento de Caldas.
“Las autoridades que atendieron la conflagración encontraron al hombre muerto en el baúl del vehículo, con evidentes signos de tortura, con varias partes del cuerpo mutiladas y rastros de haber recibido, por lo menos, 26 choques eléctricos”, expresó la Fiscalía.
Además del hecho, las evidencias recopiladas indican que horas después al secuestro, la entonces comandante del Gaula de Caldas, mayor Gañan Rojas, llegó al lugar de los hechos y ordenó cambiar las placas del automotor implicado que usaron los uniformados para llevarse a la víctima.
Incluso, se demostró que la oficial no ejerció las competencias legales para esclarecer lo ocurrido, por al contrario, dificulto las investigaciones, esto al conocerse que intentaba encubrir al capitán Carrillo Cáceres, debido a que sostuvo relaciones con él antes y después del crimen.
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La Fiscalía también aseguró que, en su momento, los familiares del hombre secuestrado y asesinado denunciaron que recibieron llamadas en la que les exigieron 80 millones de pesos por la supuesta liberación de su ser querido.
