La masacre de 4 menores indígenas en Caquetá –quienes fueron acribillados por atreverse a huir de las filas de las disidencias de las Farc–, no solo recordó el drama del reclutamiento forzado en Colombia, sino que puso en duda, una vez más, la voluntad de paz de grupos armados que hoy se resguardan en la sombrilla de la paz total del presidente Gustavo Petro.
Justamente, este domingo –por instrucción del Jefe de Estado, que calificó lo ocurrido como “una bofetada a la paz”–, se desarrolló un consejo de seguridad en Florencia para aclarar las circunstancias en las que fueron asesinados los jóvenes, quienes hacían parte de la comunidad indígena Murui, del departamento de Putumayo.
Posteriormente, desde la Casa de Nariño y acompañado de la cúpula militar, Petro lideró un consejo extraordinario de seguridad para “evaluar la situación de orden público” en el país tras la masacre.
Previamente, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció que los cuerpos de los 4 jóvenes –quienes fueron reclutados por el frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc–, fueron hallados en el sector de El Estrecho, a la altura del municipio de Solano, en límites entre Caquetá y Amazonas.
Según el organismo, una de las víctimas era un menor perteneciente al resguardo Alto Predio de Putumayo, quien fue reclutado a finales de marzo pasado y que, en compañía de otros 3 menores, intentó fugarse de las filas subversivas.
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reclamó que los 4 jóvenes fueron asesinados “con sevicia”, mientras que al término del consejo de seguridad el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, alertó que “fueron masacrados delante de sus comunidades”.
El funcionario elevó un llamado urgente para que el Gobierno adopte “decisiones contundentes” ante la creciente influencia y poderío que están teniendo los grupos al margen de la ley en la región comprendida entre Caquetá, Putumayo y Amazonas: “No podemos seguir dándoles espacio. En los últimos 6 meses han cogido mucha fuerza, han venido creciendo día a día, y quienes estamos poniendo los muertos somos la gente vulnerable”, advirtió.
A su turno, la viceministra del Interior, Lilia Solano, expresó dolor por lo ocurrido y, al señalar que, de la mano de la Fiscalía, avanzan en una investigación “completa y contundente”, anunció que trabajarán para fortalecer económicamente a las comunidades indígenas a través de la inversión social. “Es necesario que estos territorios y estas comunidades, que han sido abandonadas a lo largo de la historia, sean levantadas, que haya inversión y presencial integral del Estado”.
Críticas a la paz total
En línea con lo dicho por el presidente Petro, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz lamentó lo ocurrido y alertó que con esta acción las disidencias desconocen el DIH, pues “constituye un atentado a la paz. De acuerdo con las convenciones y protocolos internacionales, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que afecta a los niños también a sus familias y comunidades”.
Sin embargo, desde la oposición alertaron por las falencias que se siguen presentando en la política de paz total del Jefe de Estado, que recién en marzo suspendió el cese al fuego con el Clan del Golfo ante reiterados hechos de violencia. Por ello, hay voces que piden hacer lo propio con el denominado Estado Mayor Central, al mando de alias “Iván Mordisco”.
“Niños asesinados por no dejarse reclutar, camiones incinerados en la carretera y violencia sin tregua en las ciudades. La paz total es una fachada para la legalización de todo lo que debería ser castigado.”, reclamó la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático). A su turno, el senador David Luna (Cambio Radical) dijo que el mandatario no puede seguir siendo “cómplice de semejantes atrocidades, desamárrele las manos a nuestra Fuerza Pública, permita que cumplan la labor de proteger a la sociedad civil, a niños indefensos”.
Inclusive, desde el propio petrismo instaron a que el mandatario y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, “actúen de inmediato con presencia del Estado. La situación es crítica”, según dijo la senadora Martha Peralta Epieyú (Pacto Histórico).
Reclutamiento persiste
El drama del reclutamiento forzado se sigue ensañando con las comunidades más vulnerables y, lejos de ceder, sigue en aumento. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del año se han documentado al menos 21 casos de reclutamiento de niños y adolescentes. De estos, 16 corresponden al departamento del Cauca y las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y los 17 años.
El organismo alertó que, en comparación con los primeros 4 meses de 2022 –cuando se contaban 15 hechos–, hay un aumento del 28,6 % en el número de casos de reclutamiento de menores.
Por su parte, el ICBF atendió durante el primer trimestre del año a 197 niños y adolescentes víctimas de reclutamiento (ver infografía). Los casos ponen al descubierto un panorama desolador: del total de menores atendidos, 69 son indígenas. Ello indica que al menos uno de cada 3 jóvenes hacen parte de estas comunidades.
“Infortunadamente, la mayor afectación se presenta entre las comunidades étnicas y pobladores de las zonas rurales dispersas, donde la presencia institucional es escasa”, advirtió recientemente la Defensoría del Pueblo, que ha emitido, a lo largo de 2023, 9 alertas tempranas en las que pone de presente el riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes. Las alertas están puestas en Cauca, Norte de Santander, Guainía, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima, Arauca y Putumayo.
“Como parte de la dinámica fronteriza a la que pertenecen Nariño, Putumayo y Cauca, se destaca la alerta temprana binacional Colombia-Ecuador, en la que se señala la presión derivada del auge de actividades ilícitas que adelantan las disidencias de las Farc, el ELN y grupos de crimen organizado sobre niños y adolescentes indígenas del pueblo Awa, quienes se han convertido en víctimas de reclutamiento forzado”, señaló la Defensoría en una carta dirigida a la Representante Especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado de la ONU, Virginia Gamba.
¿Quiénes son los responsables?
El frente Carolina Ramírez hace parte del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Esta estructura, al mando de alias “Iván Mordisco”, opera en Putumayo, Amazonas y Caquetá. El frente lo lidera alias “Danilo Alvizu”, cuyo accionar criminal se concentra en los sectores de Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua y Curillo, entre Caquetá y Putumayo. El grupo armado se disputa el negocio de la cocaína y es responsable de centenares de desplazamientos justamente por enfrentamientos con otras estructuras que buscan adueñarse de las rutas del narcotráfico.
