El tratamiento como presunta organización política, el aparente apoyo a los planes de la constituyente que busca el presidente Gustavo Petro y el futuro de sus tropas en Venezuela, son los puntos más críticos de la mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) anunció que, luego de una reunión en Caracas, se definió que el primer ciclo de conversaciones sería del 25 al 29 de junio en la capital venezolana.
El tratamiento que debería darle el Gobierno a esa organización siempre ha suscitado polémicas entre la opinión pública. El comandante “Iván Márquez”, en sus discursos después de traicionar el proceso de paz de La Habana, se ha mantenido en la tesis de que las motivaciones de su grupo son de origen político, y, por lo tanto, no debería discutirse un sometimiento a la justicia, sino una negociación que involucre transformaciones sociales.
En la otra orilla, el senador Humberto de la Calle, quien fue su contraparte en la negociación de Cuba, ha señalado que “Iván Márquez” ya no es apto para recibir los beneficios que sí obtuvieron los excomandantes que se acogieron a los acuerdos y que hoy disfrutan de una curul y un salario de congresistas, como Rodrigo Londoño (“Timochenko”), líder del partido Comunes.
“No puede una persona valerse de las ventajas del acuerdo y regresar a la toma de las armas, porque eso viola claramente el principio de no repetición y esos son normas vigentes de estatus constitucional”, declaró De la Calle en febrero pasado, cuando la Oacp informó avances en la fase de acercamientos exploratorios.
Y la senadora del partido de oposición Centro Democrático, Paloma Valencia, trinó este miércoles: “No tienen vergüenza: este señor Márquez firmó los acuerdos en La Habana que incumplió. El propio acuerdo dice que no se puede negociar con ellos. Menos reconocerles estatus político”.
El Gobierno no ha sido claro en si la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia será de carácter político o apenas sociojurídico, como se hace con las bandas de Quibdó, Buenaventura y el Valle de Aburrá. Sin embargo, el documento en el que las partes acordaron iniciar los diálogos, contiene algunos puntos que sugieren lo primero.
“La representación de la Segunda Marquetalia - Ejército Bolivariano manifestará en la mesa sus razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016. Por su parte, el Gobierno, considera indispensable el cumplimiento de dicho acuerdo por parte del Estado y su implementación integral”, dice el texto.
Los marquetalianos asumen que regresaron a las armas porque les incumplieron lo pactado en La Habana, y esa es la misma tesis que parece defender el presidente Petro. Tanto es así que el pasado 14 de mayo anunció que irá a la ONU a denunciar que “el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz”.
Esta semejanza de criterios no parece coincidencial, pues otro punto del documento enfatiza que “las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano”.
La frase parece copiada de los discursos del jefe de Estado, en los que ha sugerido la convocatoria de una asamblea constituyente en retaliación a que el Congreso no le ha aprobado varias de sus reformas sociales.
“Si no están a la altura (refiriéndose a los congresistas) de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó y ordenó, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”, profirió el 15 de marzo anterior en un evento público.
Ahora bien, ¿por qué un documento entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia promulga “un gran acuerdo político nacional”, si aún no se le confiere el estatus político a esa disidencia de las Farc? De hecho, todavía figura en la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO) del Ministerio de Defensa, junto al Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y el ELN.
¿Será que un eventual acuerdo con este grupo busca impulsar una constituyente, similar a lo que el Gobierno aduce que buscaba el anterior Acuerdo de La Habana, y que hoy es fuente de divergencias jurídicas?
Pastor Alape, firmante de ese pacto, expresó que “el Acuerdo no plantea en ningún momento la constituyente como tal”. Pero otra cosa piensan los alfiles del Gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, para quien el “gran acuerdo político nacional” que mencionaba el texto de La Habana equivale a una constituyente, “blanco es, gallina lo pone y con sal se come”, fue su expresión en la red social X.
Llama la atención que el anuncio del primer ciclo con la Segunda Marquetalia incluya esa misma frase: “un gran acuerdo político nacional”.
Los combatientes en Venezuela
El otro punto álgido es el futuro de las tropas que tiene la organización en Venezuela, un asunto que tampoco se ha tratado de manera directa en las conversaciones con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), que también tienen frentes operando al otro lado de la frontera.
Según fuentes militares, la Segunda Marquetalia cuenta con unos 4.300 integrantes, entre combatientes y milicianos. En Colombia tiene injerencia en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Putumayo, Meta, Cundinamarca, Santander, Caquetá, Guaviare y Tolima; en suelo venezolano, en los estados de Zulia, Apure, Táchira, Barinas y en la capital, Caracas.
El documento de base habla de que “las partes acordaron trabajar en la construcción inmediata de Territorios de Paz, que posibiliten una nueva organización de la vida política, económica, social, cultural y ambiental”, aunque no especifica si esto incluye a Venezuela.
De acuerdo con la Inteligencia Militar, por lo menos el 40 por ciento de los integrantes de la Segunda Marquetalia tiene residencia fija allá, campamentos de entrenamiento, zonas de retaguardia estratégica y laboratorios y entables para el procesamiento de cocaína.
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