Tras la renuncia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se plantean dos escenarios. El primero, quedará itinerante el cargo del defensor hasta que la Cámara de Representantes retome sus actividades, es decir, hasta finalizar marzo.
El segundo escenario está relacionado con los procesos que se iniciaron contra Otálora a quien ayer la Procuraduría lo sancionó y abrió una investigación disciplinaria que se sumó a la denuncia que radicó su exsecretaria privada, Astrid Helena Cristancho, en la Fiscalía General.
Aunque la noticia de la renuncia se conoció el miércoles en la noche, ayer Otálora dio a conocer una carta. Allí afirmó que hay un “escándalo mediático” en su contra, “a través de verdades a medias, que pretende empañar no sólo mi nombre y mi trayectoria, sino que amenaza de manera grave con afectar el desempeño de la institución”.
Agregó que las instituciones están por encima de intereses individuales y que su labor en la Defensoría estaba cumplida.
Casi que de manera simultánea, la Procuraduría General publicó un comunicado en que anunció el inicio de una investigación disciplinaria y la suspensión de Otálora por tres meses.
El Ministerio Público consideró que los hechos por presunto actos de acoso laboral y acoso sexual, “debían ser objeto de una formal investigación disciplinaria. Igualmente y dada la trascendencia de estos hechos, la Procuraduría encontró acreditados serios elementos de juicio que permiten justificar la medida de suspensión provisional en este proceso contra el actual defensor”.
Añadió que se tuvo en cuenta registros de conversaciones, chats y fotografías “que permiten inferir que el defensor podría interferir, con la permanencia en su cargo, en la actuación que adelanta la Procuraduría. Así mismo, existen evidencias que permiten sostener que los presuntos actos de acoso laboral y sexual podrían seguirse presentando en la entidad”.
