El canciller Álvaro Leyva está suspendido de sus funciones desde el pasado 24 de enero por orden de la Procuraduría; sin embargo, continuó al frente de sus funciones a pesar de que el ente acusador le pidió retirarse durante tres meses. ¿La razón? Según ha dicho su defensa, él no podrá dejar el cargo hasta que el presidente Gustavo Petro no elija su reemplazo.
“En cuanto concierne al disciplinado, como siempre ha sido su norma de conducta, estará presto a cumplir con los mandatos que le imponen la Constitución y la ley. De manera que, precisamente por ello, no puede separarse del ejercicio de sus funciones sin que exista un acto administrativo que así lo protocolice por parte de su nominador, so pena de verse expuesto a investigaciones por abandono del cargo e incumplimiento de sus deberes funcionales”, señaló el abogado de Leyva en un documento enviado a la Procuraduría.
Sin embargo, el Ministerio Público sigue insistiendo en que no puede continuar ejerciendo como ministro de Relaciones Exteriores y debe acogerse a la medida de tres meses por fuera del cargo.
“Requerir al disciplinable Álvaro Leyva Durán, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del código general disciplinario, y lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2003, proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la orden de suspensión provisional decretada el 24 de enero de 2024 y cesar en el ejercicio de las funciones”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
La defensa de Leyva argumentó que es el presidente quien debe acelerar la elección del canciller en reemplazo, pues de lo contrario su protegido no podrá dar un paso al costado.
“Como puede advertirse, al presidente de la República, en su condición de nominador del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien corresponde dar cumplimiento a la precitada providencia”, indicó la defensa del canciller.
Así las cosas, solo hasta que el jefe de Estado defina quién será la persona que cubrirá las funciones de Álvaro Leyva durante ese periodo, Leyva dice que continuará asumiendo las funciones para las que fue elegido, pese a la investigación en su contra, por varias irregularidades en el proceso de contratación y licitación de los pasaportes en Colombia.
También es de señalar que el canciller está citado para el próximo 15 de febrero a un juicio verbal por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.
