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Corte IDH condenó a Colombia por persecución al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Según declaró el alto tribunal, la organización de abogados sufrió persecución sistemática de parte del Estado durante 20 años. Varios de sus miembros tuvieron que exiliarse.

  • El tribunal internacional determinó que desde la década del noventa diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de sus miembros. Foto: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
    El tribunal internacional determinó que desde la década del noventa diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de sus miembros. Foto: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
18 de marzo de 2024

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado colombiano por la persecución sistemática que por más de 20 años sufrió el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).

El Tribunal de las Américas estableció que Colombia no protegió los derechos a la vida, la integridad personal, la privacidad, el acceso a la justicia y al menos cuatro derechos más, pues no solo vigiló a la corporación, sino que omitió investigar los hechos.

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De acuerdo la publicación hecha por Colectivo en su cuenta de X, Colombia buscó “obstaculizar el derecho a la defensa de las víctimas, el derecho a defender derechos humanos”, lo que le valió el reproche judicial de la Corte Interamericana.

La sentencia de la Corte IDH, leída por esa corporación este lunes, expresó que el Estado vulneró los derechos a libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y de circulación, así como a la “autodeterminación informativa” y a conocer la verdad.

El caso llegó al Sistema Interamericano en 2002. Desde entonces, la justicia internacional decretó 2 mil medidas cautelares para proteger a quienes integran el Cajar, pues llevaban desde los 90 siendo víctimas de varios ataques.

Las agresiones que recibió el Cajar pasaron por monitoreos ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que interceptó sus correos, teléfonos fijos, celulares, y terminó perfilando a los integrantes del Colectivo.

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Se trata de interceptaciones desmedidas que no tuvieron ningún tipo de control judicial, como lo confirmó la Corte, que paulatinamente desembocaron, incluso, en el exilio de quienes se dedicaban a la defensa de los derechos humanos.

El Tribunal comprobó que contra el grupo hubo campañas de desprestigio, estigmatizaciones por parte del Gobierno —principalmente, por el expresidente Álvaro Uribe—, una andanada de amenazas y varios obstáculos para ejecutar correctamente su trabajo.

Colombia “creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, por cuanto facilitó a organizaciones paramilitares información personal de estas últimas, obtenida con motivo de las labores de inteligencia”, aseveró la Corte IDH.

Para reparar a la colectividad, la Corte ordenó al Estado “impulsar, dirigir, continuar y concluir, en un plazo razonable y en observancia de la debida diligencia, las investigaciones dirigidas a esclarecer los hechos de violencia”.

Asimismo, el Estado deberá publicar la sentencia, brindar tratamiento psicológico, psicosocial y psiquiátrico a las víctimas que lo soliciten, e impulsar una campaña informativa y de sensibilización nacional en contra de la violencia.

“Colombia vulneró, en perjuicio de las víctimas, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión
, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos”, señala la sentencia.

¿Qué es el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo?

Se trata de una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro. En el año de 1980 adquiere su personería jurídica, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia. Cuenta con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ante la ONU.

Sin embargo, como lo demostró la Corte IDH, ese grupo fue perseguido sistemáticamente por diversos actores violentos y no gozaron de las garantías necesarias del Estado para ejercer su labor dedicada a defender y promover los Derechos Humanos.

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