Al Gobierno de Iván Duque y a los miembros del Comité Nacional del Paro les cuesta, incluso, ponerse de acuerdo sobre si ya están dialogando o no.
Desde el gobierno, la respuesta es que sí. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, anunció oficialmente en la noche de ayer la invitación a una reunión para hoy con el Comité Nacional del Paro, compuesto por organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas, agrarias, partidos de oposición, entre otros sectores que convocaron a las protestas que iniciaron el 21 de noviembre.
La invitación, según agregó la ministra de Trabajo, Alicia Arango, se dio en un escenario fuera de la agenda del paro, la Mesa de Concertación Laboral, a la que asistieron ayer algunos de los miembros del Comité y representantes del gobierno.
La propuesta, explicó la ministra, es un encuentro de cerca de una hora, hoy a las 7 de la mañana, entre el presidente y el Comité al que luego se unirían “otros sectores de la sociedad que también quieren contar sus inquietudes”.
Sin embargo, la invitación y el medio por el que llegó dejó inconformes a algunos de los promotores de las protestas. Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, dijo a medios nacionales que no asistirá a la conversación debido a las limitaciones de tiempo que fijó el gobierno.
Los integrantes del Comité permanecían reunidos al momento del cierre de esta decisión con el fin de tomar determinaciones. La ministra Alicia Arango, por su parte, se refirió a estas molestias en el Comité señalando: “Si eso no les sirve, para nosotros es muy difícil”.
Las diferencias sobre el diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro comenzaron desde el domingo, cuando el presidente Iván Duque presentó las bases de la “conversación nacional”.
Esta, señaló el presidente, está propuesta sobre seis puntos: 1. Crecimiento con equidad; 2. Transparencia y lucha contra la corrupción; 3. Educación; 4. Paz con Legalidad; 5. Medio Ambiente; 6. Fortalecimiento de las instituciones.
El diálogo inicia este martes e iría hasta el 15 de marzo del próximo año, contará con moderadores para cada tema (ver recuadro), y está dirigida, en palabras del gobierno, “a todos: a los estudiantes, a la academia, las juntas de Acción Comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos”, entre otros.
Sin embargo, desde el Comité Nacional del Paro y sectores de oposición critican que este diálogo haya iniciado por los empresarios (el sábado) y los alcaldes y gobernadores electos (el domingo), en lugar de por ellos, quienes convocaron inicialmente a las movilizaciones, pese a que luego se integraron otros sectores como movimientos a favor de los derechos de las mujeres, así como ciudadanos espontáneos.
De fondo, de acuerdo con analistas como Néstor Julián Restrepo Echavarría, coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, entre el gobierno y los líderes del Paro se estableció un pulso por la agenda de la conversación y con quién debe darse esta.
En sus declaraciones a medios durante la mañana de este lunes, el coordinador del diálogo, Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, señaló su intención de que el diálogo vaya más allá de las organizaciones del Paro, incluyendo a los que consideran “una mayoría silenciosa que no marchó”.
El Ejecutivo, a juicio de Restrepo Echavarría, “busca no renunciar a su agenda al no tomar decisiones de fondo sobre los reclamos del Paro”. Su apuesta, de acuerdo con el académico, es que el descontento social se diluya con los días.
En efecto, algunos de los seis puntos elegidos están integrados a la que ha sido el discurso del Gobierno durante estos 15 meses. La “paz con legalidad”, por ejemplo, es textualmente el nombre de la política del presidente Duque frente a la lucha contra los grupos armados organizados y la implementación de los acuerdos suscritos entre el Estado y las Farc en 2016.
La equidad, mencionada 13 veces en el discurso de posesión del presidente el pasado 7 de agosto de 2018 y que titula su Plan de Desarrollo: “Pacto por la equidad”, ha sido también uno de los puntos recurrentes de la agenda del gobierno.
En cuanto al punto de “transparencia y lucha contra la corrupción”, se trata de un compromiso asumido por el propio Duque desde la campaña de la Consulta Anticorrupción el 26 de agosto de 2018, una iniciativa que no partió desde el gobierno, sino desde sectores afines a la hoy alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, pero que el presidente respaldó tomando cierta distancia de su partido, el Centro Democrático.
De hecho, pese a que la votación de 11, 6 millones no alcanzó para que las 7 propuestas de la consulta se volvieran mandatos para el Congreso, el presidente se comprometió un par de días después a tramitarlas en el Legislativo, con la expectativa de que fueran aprobados antes de diciembre.
Los resultados no han sido los esperados. De 15 iniciativas, solo dos han tenido trámite exitoso: la rendición de cuentas de congresistas, que está en revisión de la Corte Constitucional, y la publicación de la declaración de renta de servidores públicos, que justo fue aprobada el plenaria de la Cámara este lunes y pasará a conciliación.
La elección de los puntos de la conversación, de acuerdo con Jorge Restrepo Torres, profesor de economía de la Universidad Javeriana, es “un ejercicio de mercadeo político al poner a las mesas el nombre de sus políticas, pero esto no quiere decir que estas no incluyan las razones del descontento”.
Bajo su lectura, los 6 puntos abarcan en gran medida los reclamos del Paro, entre los que se encuentra el rechazo a un presunto “paquetazo” del gobierno entre cuyas medidas estaría una reforma de las pensiones; el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los estudiantes tras las movilizaciones del año pasado; medidas para evitar el asesinato de líderes sociales y para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, entre otros.
Sin embargo, su opinión contrasta con la de Néstor Julián Restrepo, para quien las acciones del gobierno demuestran que no pretende desviar sus políticas. Cita como ejemplo el lanzamiento este jueves del holding financiero, bajo el nombre de Grupo Bicentenario, con el cual el Ejecutivo busca, en sus palabras, establecer una administración más eficaz de las empresas estatales.
Al respecto también se pronunció en Twitter el presidente del Senado, Lidio García, quien pidió a los ponentes de la Reforma Tributaria, propuesta del gobierno en curso, que suspendan su estudio “hasta no escuchar a los líderes de la protesta social”.
Para Jorge Restrepo Torres, sin embargo, este no debería ser el escenario: “Conversar no equivale a desmontar las políticas gubernamentales. No se puede desconocer que Duque fue elegido con 10 millones de votos en 2018”.
La discusión, en cualquier caso, rondará sobre qué tanto está dispuesto el gobierno a moverse de su agenda en la mesa de negociación, y el poder de convocatoria del Paro para presionar que el giro sea más o menos profundo. Es, en suma, un pulso de desgaste cuya resolución final se definirá en las calles
