Algunos jóvenes del país jamás se imaginaron que el soñar con un título o certificación en su profesión soñaba iba a terminar en una completa pesadilla, cuando en vez de graduarse terminaron siendo reportados a las centrales de riesgo por 75 millones de pesos y hasta con las cuentas bancarias embargadas.
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Muchos jóvenes de las principales ciudades del país, decidieron ingresar a la academia Holberton School Colombia, con sede en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en los años 2019, 2020 y 2021, con el objetivo de avanzar en sus vidas profesionales.
Pero jamás se imaginaron que esta sería una de sus peores decisiones en la vida.
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Todo comenzó cuando mensajes publicitarios de este lugar académico empezaron a aparecer en redes sociales, YouTube, espacios publicitarios como en el Metro en Medellín, que estaban respaldados por cajas de compensación familiar.
“Conviértete en desarrollador de software en nueve meses y accede a un programa avanzado opcional de nueve meses adicionales en el que no pagas nada hasta conseguir un trabajo de al menos tres salarios mínimos”, decía la publicidad.
Y es que, al parecer, esta academia en Colombia es operada por la Fundación Coderise, que actualmente está en liquidación y cuenta con una nueva persona jurídica. Por esta razón, los jóvenes que estaban estudiando ahí y que apenas comenzaron, terminaron fue en centrales de riesgo, con demandas de órdenes de embargo que podrían superar hasta los 75 millones de pesos.
Según el relato de uno de los jóvenes afectado a Semana, Holberton School Colombia les ofreció nueve meses de formación en programas de ciencia de la computación y desarrollo de software, con diferentes enfoques en especialización. Además de otros nueve meses enfocados en programas avanzados.
En resumen, les ofrecieron formación en Desarrollo de Software Integral o “Full Stack Software Development”, junto con una especialización, con una duración de 21 meses. Pero lo más llamativo de la oferta es que no tenían que pagar nada, ni un solo peso mientras estudiaban y que, al final, solo cancelaban el valor del programa.
Pero eso no es todo, solo les iban a cobrar a los estudiantes, cuando terminaran su estudio y consiguieran un trabajo con un pago superior a los tres salarios mínimos, es decir, tres millones de pesos. Esto porque, según la fuente, en el contrato estaba esta condición escrita, así que aún más llamó la atención.
“La academia, viniendo de Silicon Valley, uno decía que era una tremenda oportunidad y lo lógico era apostarle”, le dijo uno de los jóvenes a Semana. Que, a su vez, explicó como funcionaba el contrato compartido que firmaron.
“En ese acuerdo de ingreso compartido, el cual tuvimos que firmar y respaldar con un codeudor, se acordaba que, una vez consiguiéramos trabajo con sueldos superiores a los tres millones de pesos, debíamos pagarle a la fundación el 17 % del valor total de ese sueldo que empezáramos a devengar hasta completar un total de 75 millones de pesos”, detalló el joven.
Después de varios meses, las cosas cambiaron, los estudiantes notaron cambios extraños en todo. Las clases, el pénsum, el desarrollo de la academia, entre otros. Tras una demanda de la Superintendencia de Industria y Comercio, al parecer los estudiantes, eran acosados a firmar otrosí al contrato que ya habían firmado.
Como algunos estudiantes se negaron a firmar estos otrosíes, la academia les suspendió la plataforma de estudio y comenzó a cobrarles los 75 millones del inicio del programa. Por esta razón comenzaron a aparecer en centrales de riesgo, por multas e incumplimientos.
“Cuando nosotros aceptamos ese contrato y ese pago que se debía hacer de 75 millones de pesos, una vez se terminara el ciclo y consiguiéramos trabajo, fue porque nos prometían empleos con muy buenos ingresos, y una cuota mensual para pagar ese dinero, era como quitarle un pelo a un gato. Pero resulta que no recibimos absolutamente nada de lo que nos ofrecieron y, al contrario, terminamos endeudados”, afirmó un afectado a Semana.
Holberton también se pronunció
Por medio de un comunicado oficial, expedido en el presente mes de octubre, la empresa académica, aclaró varios puntos sobre el caso anteriormente planteado y que, además, tiene que ver con ellos directamente.
Primero dejaron en claro que su objetivo es “inspirar a los participantes a “aprender a aprender” y “aprender haciendo” con un esquema de financiación que permite a cualquier persona “aprender ahora y hacer su aporte después” mediante un Acuerdo de Ingreso Compartido”, detalló el comunicado.
Además, afirmaron que este Acuerdo de Ingreso Compartido “ha permitido el entrenamiento de más de 800 personas sin ningún pago o aporte mientras estaban en entrenamiento, con el compromiso adquirido de contribuir con el 17% de sus ingresos brutos durante 42 meses cuando obtengan un trabajo que supere los $3 millones de pesos mensuales”, explicó la empresa.
Por esta y otras razones, la empresa sostuvo que es importante que los estudiantes que salgan del programa y trabajen tienen que pagar como se había acordado. Así que lo se sucede, según ellos, es que hay varios que ya terminaron, ganan buen dinero con sus trabajos, pero se niegan a pagar.
“La Fundación en liquidación mantiene los derechos y deberes para adelantar el cobro de los AIC suscritos hasta junio del 2021. Para proteger los intereses de patrocinadores e inversionistas en el talento Holberton en Colombia, el equipo legal liderado por Fundación Coderise en liquidación está llevando a cabo el cobro jurídico en más de 100 casos contra aquellos participantes que se niegan a cumplir sus obligaciones, y otro equipo legal está defendiendo a Fundación Coderise en liquidación ante procesos infundados de protección al consumidor”, explicó detalladamente la empresa.
Por último, según lo expresado en el comunicado oficial, desde la entidad afirman que “los asesores legales de Fundación Coderise en liquidación han estado atentos a escuchar y resolver o conciliar aquellos casos de participantes en el sistema Holberton en los que se identifique un error o afectación sustentada y ha actuado conforme a lo establecido por ley”.
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Tras investigar, la Superintendencia ordenó la terminación de los contratos de algunos estudiantes demandantes y la Fundación Coderise. A partir de esto, se conocieron más casos y demandas en contra de Fundación Coderise y Holberton Colombia, que no se han resuelto, por lo que se encuentran en trámite legal, es decir, en debate jurídico y sin resolución.
