Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio al primer juicio adversarial en su historia. El caso se lleva a cabo con el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, como acusado.
Mejía enfrenta cargos graves por crímenes de guerra y lesa humanidad, relacionados con ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2004 en el marco del conflicto armado colombiano.
El juicio inició con una audiencia preparatoria en la que Mejía reafirmó que no aceptaba los cargos imputados en su contra. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusa de participar en al menos 35 hechos representativos que victimizaron a 72 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Durante la audiencia, la magistrada Reinere Jaramillo revisó más de 1.153 documentos y admitió 82 testimonios, tanto de la parte acusadora como de la defensa. “Se ordenaron las pruebas que la UIA solicitó para probar la responsabilidad del coronel en los hechos de ejecuciones extrajudiciales durante su comando en el Batallón La Popa”, explicó Jaramillo.
Entre las pruebas solicitadas por la defensa, destaca la posibilidad de escuchar a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana como testigos en el proceso, una petición que fue aprobada por la magistrada. Además, se decidió que el juicio se desarrollará en Valledupar, una región directamente afectada por los crímenes investigados, y también en Bogotá.
Luego de esta audiencia preparatoria, el juicio se celebrará en varias fechas clave entre septiembre y diciembre de 2024. Las sesiones serán públicas y tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de septiembre, el 17, 18, 28 y 29 de octubre, así como el 12, 13, 25 y 27 de noviembre. La fase final del juicio está programada para los días 3 y 4 de diciembre.
Este proceso judicial tiene especial relevancia porque será la primera vez que la JEP implemente el modelo adversarial transicional, garantizando la participación activa de las víctimas. Los abogados de las víctimas podrán realizar preguntas complementarias durante el juicio, una novedad que busca dar mayor voz a quienes sufrieron directamente las consecuencias de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La acusación de la UIA contra Mejía detalla un patrón de macrocriminalidad que involucra asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate. Además, se le atribuye la ejecución de personas que habían depuesto las armas o que se encontraban heridas, hechos que, según la JEP, encuadran dentro de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Le puede interesar: Las madres están muriendo sin encontrar a sus hijos desaparecidos
Este juicio se presenta como un avance importante en la búsqueda de justicia en Colombia, donde miles de personas han sido víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Aunque la JEP aún no ha dictado sentencias definitivas, ha logrado importantes avances en términos de imputaciones, cerca de 160, y reparación para las víctimas. Algunos acusados han iniciado por cuenta propia proyectos de reparación, como en el caso de Horizontes Seguros, en Dabeiba, donde se han llevado a cabo actividades restauradoras.
La importancia de este juicio radica en que, de resultar desfavorable para Mejía, podría enfrentar penas de hasta 8 años de prisión. Esta sanción enviaría un mensaje claro sobre la responsabilidad de los militares en crímenes graves cometidos durante el conflicto armado.
El juicio contra Mejía ha generado gran expectativa entre las víctimas del conflicto y sus familiares. Para muchas de estas personas, la apertura de un juicio público representa la esperanza de que se haga justicia por los crímenes que marcaron sus vidas.
Además, este juicio podría sentar un precedente importante para futuros casos en la JEP, demostrando que el sistema judicial transicional en Colombia puede ser efectivo y garantizar justicia para las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El juicio contra Mejía será un punto de inflexión para la JEP, ya que será la primera vez que se utilice el modelo adversarial en un caso de esta magnitud. A medida que avancen las audiencias, se espera que el proceso sirva como una hoja de ruta para futuros juicios y continúe estableciendo un estándar de justicia en Colombia.
