Martha Lucía Zamora salió de la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado luego de oponerse a que la Cancillería declarara desierta la licitación para el contrato de expedición de pasaportes, lío que le costó el cargo al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.
Como directora de la Agencia, Zamora advirtió reiteradamente el riesgo al que se exponía el Estado por una eventual demanda de la empresa Tomás Greg e hijos, quien había ganado la licitación para la expedición de los documentos. Demanda que llegó más tarde.
Haberse interpuesto en los planes del entonces canciller Leyva, quien se encargó de declarar desierto el proceso pese a las advertencias, llevó a que a Zamora le pidieran el cargo y en consecuencia se vio forzada a presentar la carta de renuncia.
Sin embargo, según una queja radicada por la exdirectora, aunque con diligencia presentó el informe de entrega del puesto, meses después fue requerida para que ampliara la información y entregara aún más detalles de sus actividades.
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Estos requerimientos no le cayeron muy bien, por lo que radicó la queja ante la Procuraduría General, que en las últimas decidió abrir indagación previa a Jhon Jairo Camargo Motta, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En este caso, el ministerio público busca establecer si el funcionario incurrió en una presunta extralimitación de funciones por haber solicitado extemporáneamente la ampliación del informe de gestión que Zamora presentó en la entrega del cargo tras su retiro de la agencia.
Dentro del material probatorio para presentar la queja, Zamora allegó un cuestionario que le remitió la Agencia con 50 preguntas, algunas de las cuales estaban relacionadas con la declaratoria desierta del proceso de la Licitación Pública del 2023 para suministro, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes. Entre otros.
El órgano de control precisó que “con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha accionado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente a los hechos denunciados, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales”.
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