Carlos Hernán Rodríguez tenía 26 años cuando se le midió a hacer política. Si bien en sus inicios pareció inclinarse por la academia, lo suyo eran los votos. Hoy, con 55 años y una carrera hecha a pulso de la mano de figuras como Angelino Garzón o Juan Carlos Abadía, podría decirse que no se equivocó al tomar ese camino electoral y que esa tarea de sumar y sumar apoyos se le sigue dando con fluidez.
Aun cuando en el Congreso prevalece la división, hay bandos radicalmente opuestos y lograr acuerdos parece una quimera, este abogado valluno consiguió que nueve de cada diez parlamentarios –sin distingo de partido u orilla política– le volvieran a dar el sí para tomar por segunda ocasión las riendas de la Contraloría General.
“Es una votación histórica en el Congreso para elegir contralor General”, reconoció el senador conservador Efraín Cepeda. No es para menos. De 293 votos posibles del Congreso en pleno, Rodríguez se hizo a 265, superando incluso en cinco apoyos el resultado obtenido en 2022 cuando –de la mano de los mismos partidos y con el decisivo guiño del gobierno de Gustavo Petro–, fue elegido cabeza de la entidad.
Ahora, pasados 13 meses de un fallo que lo sacó de la entidad por irregularidades de la mesa directiva del Congreso de ese entonces, Rodríguez regresa a la Contraloría para manejar con nombre propio un organismo con 4.000 puestos y $1,4 billones de presupuesto, encargado nada menos que de fiscalizar los recursos públicos.
Sin embargo, hay quienes desde el Congreso dudan que en algún momento Rodríguez se haya apartado de la entidad, pues a través del contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga –el segundo al mando cuando la elección de Rodríguez fue anulada–, el exfuncionario habría seguido manejando los hilos en cuerpo ajeno.
“Nunca dejó de tener control. El señor Zuluaga es un vicecontralor que le hacía caso. Rodríguez nunca perdió poder en la Contraloría y aparte tenía el apoyo del Gobierno. Con esa sumatoria es imposible no ganar”, reclama en diálogo con este diario el representante santandereano Cristian Avendaño (Alianza Verde), uno de los pocos que se apartó de la elección de Rodríguez.
Apelando a la misma fórmula que le dio rédito en 2022 –acercarse a cada congresista y apostar al menudeo para conseguir apoyos a través de una negociación directa–, Rodríguez logró que desde el petrismo hasta la oposición le volvieran a dar un espaldarazo para retornar. ¿Por qué?
“Ni a los congresistas, ni al Gobierno les convenía perder la Contraloría. Allá tienen amigos y personas cercanas. Pueden pasar dos cosas: que les hagan una persecución, como le pasó a Sergio Fajardo, con investigaciones a partir de hechos temerarios o infundados. O que no hagan investigaciones y ralenticen procesos”, dice Avendaño.
Sin embargo, queriendo marcar distancia del Gobierno, en su discurso ante el pleno del Congreso, Rodríguez lanzó pullas al Ejecutivo: habló de corrupción; lamentó el mal momento económico; criticó el bajo recaudo tributario, y hasta habló contra el recorte presupuestal del Ejecutivo en $20 billones, advirtiendo que está en riesgo la inversión.
Con todo, sigue sin convencer a una minoría que lo ve cercano a los intereses del petrismo. De acuerdo con la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) –otra de las que se apartó del respaldo unánime a Rodríguez–, desde los partidos tradicionales hasta el Pacto Histórico “están cómodos con una Contraloría ciega, sorda y muda”, y por ello respaldaron al contralor.
Incluso, denunció que, según informaciones de prensa, el presidente del Senado, Iván Name, y el senador Efraín Cepeda –que hacía parte de la comisión escrutadora que verificó los resultados de la elección–, fueron “pillados en reuniones clandestinas para cuidarle la Contraloría a Carlos Hernán Rodríguez, candidato favorito de los partidos tradicionales y del Pacto Histórico. Ni disimulan”.
En la era de Carlos Mario Zuluaga como contralor encargado la entidad adoptó decisiones y emitió pronunciamientos que levantaron ampolla.
Tras el revés con el hundimiento de la reforma a la salud y mientras el Gobierno intervenía varias EPS, desde la Contraloría se filtró un informe que le terminó dando gasolina al Ejecutivo en su idea de tomar control de estas entidades. Allí se advertía que 26 EPS adeudaban $25 billones y que 16 no cumplían con estándares de habilitación. A la postre se conoció que era un informe preliminar.
Luego, en pleno escándalo por supuesta corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Contraloría divulgó un informe en el que advirtió que las presuntas irregularidades en contratación en esa entidad durante los últimos cuatro años –abarcando la era de Iván Duque–, comprometían $5 billones.
El documento se conoció en momentos en los que se calculaba que el desangre por el escándalo de carrotanques ascendía a $380.000 millones y le sirvió al petrismo para insistir en que las anomalías son estructurales en la UNGRD y no solo de este gobierno.
Al margen de las suspicacias lo cierto es que la tarea inmediata de Rodríguez es ratificar su independencia y, a través de investigaciones y procesos sólidos, demostrar su autonomía para ponerle lupa a cómo se manejan, invierten y distribuyen los recursos de todos los colombianos en el actual Gobierno. Le restan dos años para avanzar en ese camino.
De concejal a auditor general
Rodríguez arrancó su carrera como concejal de Palmira en 1995 con la bendición del Partido Liberal. Luego, dio el salto a la Asamblea del Valle en 2001 y se salvó de ser secuestrado junto a los demás diputados por las Farc debido a que estaba en la cita médica de un hijo. Años después, bajo la Gobernación de Angelino Garzón, fue secretario y también se hizo cercano al exgobernador condenado Juan Carlos Abadía. En 2008 fue contralor del Valle, luego defensor regional del Pueblo y en 2019 llegó a ser auditor general de la República.
