La guerra nunca terminó para Gonzalo, ni siquiera después de estar inmerso en ella casi la mitad de su vida. Los disparos de épocas pasadas llegaron otra vez hasta la puerta de su casa en el campo 16 años después de haberse retirado de las filas del Ejército y de la guerrilla. Todo por librar una batalla más, la de reclamarle la pensión al Estado por 40 años de servicio militar.
Gonzalo ingresó como soldado en 1960, seis años después ascendió a cabo, se tomó un receso y volvió a las filas en los años 80 para infiltrarse en la guerrilla; desde ese momento su nombre se esfumó de todos los archivos del Ejército Nacional y se internó en las selvas por más de 10 años.
Recorrió caminos pantanosos, acampó bajo la lluvia y en medio del clamor de la selva que en las noches ruge con fuerza, marchó con guerrilleros para entregar información de inteligencia que posteriormente permitió varios golpes heroicos del Ejército.
En uno de ellos, fue capturado por un error de los comandantes de la operación y terminó pagando cuatro años de cárcel. Pidió ayuda, pero sus superiores se la negaron en ese momento con el argumento de que se debía mantener la fachada.
Cuando Gonzalo volvió a la libertad se enteró de que ya no pertenecía a las filas militares y pidió el reintegro a la institución como un agente de inteligencia para luego retirarse definitivamente en 2006. Pero la pelea jurídica comenzó ahí, justo cuando reclamó su pensión.
Bajo la excusa de no exponer su nombre, el Ejército nunca consignó las prestaciones sociales mientras estuvo infiltrado. Literalmente, Gonzalo desapareció en los registros de pagos porque, además, recibía su salario mano a mano de un general con el que se encontraba cada tanto.
Después de casi 40 años de servicio, bajo el acto administrativo número 1120 de 2006, el Ejército decidió declararlo insubsistente. Tampoco le reconocieron su servicio como infiltrado y, por ende, no pudo acceder a una pensión digna.
Pero luego de batallar solo, a esta nueva pelea jurídica llegó la abogada Alexandra Pardo. Ella conoció su caso por casualidad un día en su despacho. Al enterarse de la situación de Gonzalo, acudió al Juzgado 38 Administrativo de Bogotá para que le reconocieran el salario de su pensión por todo el tiempo de servicio. Sin embargo, el juez condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional únicamente a pagar una indemnización por perjuicios y afectaciones psicológicas.
Posteriormente, la abogada apeló, petición que terminó en una demanda radicada en 2015 ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las súplicas porque no tenía cómo demostrar su vinculación laboral con el Ejército en sus años de infiltrado.
“Las citadas declaraciones no permiten concluir que el actor cumplía labores de inteligencia al servicio del Ejército Nacional, al igual que cualquier otro empleado de inteligencia de las Fuerzas Militares”, dictó el fallo. El juzgado tomó la decisión, incluso, ignorando los testimonios orales de varios comandantes, coroneles y familiares que daban cuenta del trabajo de Gonzalo infiltrado en la guerrilla.
“En varias ocasiones me defendió la vida, desde que trabajó conmigo siempre me ayudó mucho (...) Cuando a él lo tuvieron allá y lo torturaron, que casi lo matan, no dijo nada, lo hubiesen podido asesinar y así se queda”, contó el coronel que estuvo a cargo de Gonzalo durante sus años como infiltrado.
Estas pruebas llegaron hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque la abogada Pardo interpuso un recurso de apelación, ya que –según ella– “se desconoció la manera como opera el Ejército Nacional en sus brigadas de inteligencia y la necesidad de mantener en reserva a sus colaboradores para no exponerlos al fuego del enemigo”.
Luego de estudiar el caso, los magistrados del tribunal finalmente decidieron que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán responder por la pensión de Gonzalo porque, a pesar de las irregularidades que se presentaron en cuanto al tiempo laborado, eso no puede estar por encima de sus derechos y garantías. Por lo tanto, ordenaron revocar la sentencia que negó su pensión.
“La Sala considera que, si bien en el proceso no se halla certificación alguna que acredite dicho tiempo de servicio, sí se observan otros medios de pruebas (documentales y testimoniales que, además, configuran indicios) que no fueron tachados ni descalificados y, por tanto, tienen valor probatorio”, dice el fallo.
Pero la lucha no termina. Gonzalo lleva 55 años batallando contra la guerrilla, el Ejército, el Estado y ahora está librando una pelea con una vida que dejó de ser clandestina. En los últimos 15 años, tiempo que ha tardado el Estado en resolver su situación jurídica, Gonzalo ha recibido varias amenazas y atentados.
El último ataque fue este año, finalizando septiembre, cuando su caso se hizo público y sus enemigos dispararon contra su casa.
A eso se le suman las múltiples secuelas de la guerra. Gonzalo padece de una enfermedad psiquiátrica y otras afecciones a su salud luego de pasar años en la selva.
Además, su abogada, Alexandra Pardo, conoce de cerca lo que ha sido la vida de Gonzalo los últimos años.
“Como cambió toda su vida para vincularse a un grupo guerrillero, perdió a su familia, a su esposa, a sus hijos, lo perdió todo. Ahora le reprochan por haber defendido la institucionalidad y no haber estado con ellos en ningún momento”, contó Pardo.
Según la abogada, durante su actividad militar, Gonzalo colaboró en la captura de importantes personajes por los que cobraban millonarias recompensas. Esos botines nunca llegaron a manos de Gonzalo porque como era un infiltrado, el dinero llegaba a sus superiores.
“Es muy triste para una persona que confió en el Estado, que sabía que estaba en riesgo pero que hizo toda clase de sacrificios, entender que luego tuvo que rogarle al Estado para que le ayudaran”, relató Pardo.
Gonzalo está en riesgo permanente de muerte. Según su abogada, su situación económica, emocional, de salud y en materia de seguridad son cada vez peores. La guerra le pesa porque algún día pensó que sus esfuerzos le iban a entregar un país en paz.
“Estamos esperando que el Ministerio inicie los pagos lo más pronto posible y vamos a elevar una solicitud para que entre a un programa de protección o ayuda por las circunstancias en las que está actualmente”, dijo la abogada.
Hoy Gonzalo vive oculto. Desde que salió el fallo del tribunal le ha tocado resguardarse para salvar lo que queda de su vida. Tiene 73 años, pero espera que los demás pueda vivirlos en libertad, o por lo menos fuera de la guerra.
