Tras una auditoria a la Sociedad de Activos Especiales, (SAE), y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, (FRISCO), la Contraloría General de la República encontró graves irregularidades en el manejo de bienes con hallazgos fiscales por valor de $28.056.865.126.
De estos, cuatro tienen incidencia penal, 30 alcance disciplinario, dos con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y uno con otra incidencia.
Las presuntas irregularidades abarcan procesos desarrollados en los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pero en el listado hay un hecho que sobresale, por la paradoja que implica el riesgo de una demanda millonaria por parte de un consabido narco.
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La auditoria arrojó que algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas.
Los hallazgos fueron hechos en varias ciudades del país, entre esas Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Montería y otras.
Entre las irregularidades, el organismo encontró que, por ejemplo, se efectuó la venta de 15 caballos de paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial. En este caso, el monto perdido es de $99.428.569.
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Así mismo, la desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302.873.969. Lo grave en este caso es que en la actualidad existe una orden judicial de devolución de los bienes al afectado.
Mientras tanto, en Montería y Bogotá, se perdieron 31 taxis y partes de algunos otros que habían sido incautados. Por este caso se confirmaron dos hallazgos fiscales por valor de $1.945.753.900.
Los hallazgos también tienen que ver con la omisión en la vigilancia de los bienes. Es el caso de lo ocurrido en la Regional Suroccidente donde se evidenció que algunos de los bienes inmuebles estaban siendo usados para la fabricación de alcohol adulterado. En este caso se elevó un hallazgo fiscal por valor de $1.339.079.545.
En esa misma regional se detectó omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, en una cuantía estimada a los $1.881.086.771, de inmuebles que aparecen registrados por la entidad como en alquiler.
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En contra de la SAE hay fallos proferidos por valor de $2.304.859.306 por el no pago de las cuotas de administración de bienes inmuebles a su cargo en diversas propiedades horizontales en el país.
“Con corte a 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles del FRISCO y que son administrados por SAE S.A.S., asciende a 33.109. De ellos,5.985 (18.07%) poseen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77%) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4%). Por estos últimos, la Contraloría General determinó 9 hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650, en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla”, informó la Contraloría.
