El Gobierno de Gustavo Petro, por medio de sus ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, “activará los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia”.
Así lo confirmó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) este miércoles, en un comunicado difundido a la opinión pública. La decisión de concretar su repatriación a Colombia se debe a que el presidente Petro lo nombró gestor de paz el pasado fin de semana.
Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentra recluido en una celda de Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2008 por cargos de narcotráfico. Lo condenaron a 15 años de cárcel, por lo que ya cumplió su pena y está pendiente de que la Casa Blanca le resuelva su situación jurídica.
Uno de los escenarios posibles es que sea deportado a Italia, país del cual también tiene nacionalidad; otro es que permanezca en EE.UU. con un permiso especial, tal cual hicieron otros exparamilitares como Juan Carlos “el Tuso” Sierra y Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”); y el otro es que sea enviado de regreso a Colombia, bien sea bajo el trámite de deportación o por el de extradición que propone el Gobierno.
En nuestro país tiene un requerimiento del Tribunal de Justicia y Paz, que recientemente dejó en firme una orden de captura en su contra, para que siga compareciendo en los procesos de la Ley de Justicia y Paz que tiene pendientes, y en los cuales hay diligencias con víctimas, confesiones represadas y actos de reparación que no se han hecho.
El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que hay un equipo revisando en qué van los procesos penales de Mancuso, pues tiene imputaciones por más de 35.000 hechos y no todos los ha confesado. Esto implica que podría ser detenido al pisar suelo colombiano.
En su comunicado, la Oacp reiteró que “el anuncio del presidente Gustavo Petro del reconocimiento de Mancuso como gestor de paz exAUC respeta las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales de Justicia y Paz. Su presencia en el territorio nacional es imprescindible, y deberá cumplir con las exigencias que deriven de la libertad a prueba de la Sala de Justicia y Paz”.
De igual manera, la entidad expresó que “el Gobierno también adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los exmiembros de las AUC que eventualmente sean designados como gestores de paz. Por su parte, la OACP hará el seguimiento correspondiente a los compromisos asumidos por estos, advirtiendo que cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de estos roles”.
Casi todos los excomandantes paramilitares han expresado su deseo de participar en el proyecto de “paz total”, por medio de cartas y llamados públicos. Entre ellos están Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Francisco Zuluaga (“Gordo Lindo”).
“Todas estas peticiones se encuentran en estudio, y cualquier decisión al respecto respetará la autonomía del sistema judicial colombiano y los acuerdos de cooperación judicial con otros países”, indicó la Oacp, añadiendo que “está analizando cada uno de estos casos a la luz del derecho interno, en particular del Decreto Reglamentario 1175 de 2016, y del Derecho Internacional, en el marco de acuerdos humanitarios en los cuales cada gestor de paz exAUC deberá asumir compromisos de reconocimiento de responsabilidad e identificación en el despojo de tierras y desapariciones forzadas, entre otras conductas punibles que aún requieren esclarecimiento y reparación”.
La entidad recordó que está pendiente la instalación de mesas técnicas para analizar los resultados del Acuerdo de Santa Fe de Ralito (2003), por el cual se desmovilizaron las Autodefensas.
En el mismo reporte, la Oacp hizo un llamado a las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN o “los Pachenca”), “para que escuchen a las víctimas y al pueblo colombiano sin condiciones: no más terror, zozobra y desesperanza”.
En cuanto al Clan del Golfo, informó que “reiteramos nuestra voluntad de avanzar en una ruta de construcción de confianza que posibilite la paz territorial, a partir de la propuesta de acuerdo especial basado en el DIH que les fue remitido. Sin embargo, ante la ausencia de resultados concretos y faltas a la discreción que amerita el proceso, hemos decidido revocar algunas de las resoluciones de facilitación de paz con este grupo armado, haciendo valer los parámetros de la función de los facilitadores. Entretanto, seguimos avanzando en la construcción de escenarios de paz con el grupo ACSN”.
